En los últimos años la crisis penitenciaria, en distintos países, ha ocupado un lugar central en las discusiones políticas, jurídicas y académicas. En el centro de estos debates se encuentra la cuestión del hacinamiento y su papel como principal indicador del desempeño penitenciario. No obstante, a pesar de su protagonismo, la definición del hacinamiento, así como su utilización en los modelos de intervención judicial, no es un asunto ampliamente debatido. En este texto proponemos un análisis del hacinamiento desde dos dimensiones. Por una parte, una dimensión jurídica que responde a la pregunta de cómo medir el hacinamiento y, por otra, una dimensión práctica que busca mostrar cómo se pone en marcha en los procesos de judicialización de la vida en prisión.
Resúmen Desde la expedición de la Constitución de 1991 se ha producido un intenso proceso de intervención judicial en el sistema penitenciario colombiano. Este proceso ha sido impulsado por una novedosa forma de resistencia a las condiciones infrahumanas de reclusión a través de la utilización del derecho por parte de personas privadas de la libertad, organizaciones no gubernamentales y clínicas jurídicas. Este artículo se centra en la descripción de los procesos que dieron lugar a las tres decisiones estructurales más importantes de la Corte Constitucional de Colombia sobre prisiones (Sentencia T-153/1998; Sentencia T-388/2013 y Sentencia T-762/2017), y tiene como objetivo explicar los retos que supone la creciente juridificación de la vida en prisión, así como su impacto en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
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