“Ordenar la casa”: securitización y producción de irregularidad en el norte de Chile

Abstract

Resumen La zona norte de Chile es considerada como un espacio privilegiado tanto para el intercambio económico como para el tránsito de personas. En efecto, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta son las que exhiben las proporciones más altas de población extranjera en todo el país. Este contexto, sin embargo, se contrapone con las políticas de frontera que se han implementado durante la última década y que operan desde una perspectiva que concibe a ciertas movilidades como un auténtico peligro. Esta funcionalidad de la frontera logra dar cuenta de su comportamiento heterogéneo, permisivo para la movilidad de capitales, pero restrictivo para la movilidad humana. En este contexto, el presente trabajo se enfoca en el estudio de dos medidas adoptadas durante el año 2018, que resultan ser particularmente significativas: la imposición de visas consulares para personas provenientes de Haití y Venezuela y el proceso extraordinario de regularización migratoria. Así, a partir de la revisión de los datos oficiales sobre visas y deportaciones, se concluye que la securitización de las migraciones ha construido un régimen de ilegalidad e irregularidad de miles de personas extranjeras en Chile, particularmente en la zona fronteriza del Norte Grande.

Migración venezolana en el norte de Chile: el caso de la infancia migrante no acompañada

“…La implementación de estas medidas logró "controlar" la migración regular, pero como consecuencia se ha producido la más grande acumulación de personas en situación irregular de todos los tiempos (SJM, 2022) y, junto a ello, se ha incrementado la vulnerabilidad de la diáspora venezolana en el contexto chileno (Dufraix et al, 2020). Lo anterior se observa, por ejemplo, en el crecimiento que han tenido las infracciones administrativas (medidas de expulsión) de la comunidad venezolana por ingreso irregular al territorio nacional desde la implementación del visto consular de turismo: (Serrano, 2018).…”

“…derechos humanos de la población migrante desde un modelo de securitización migratoria y fronteriza"(Domenech, 2017:24:). A partir de ahí, los Estados trabajan sus políticas migratorias desde el enfoque de seguridad, visibilizando a los ciudadanos extranjeros como un potencial peligro para la nación(Amoore, 2006; Amoore y Hall, 2010;Deleixhe et al, 2019), donde la situación migratoria irregular es vista como un delito por el cual debiese recibir una sanción(Bigo, 2006).En el ámbito sudamericano, durante los últimos años, se han implementado controles fronterizos más restrictivos para la movilidad venezolana(Dufraix et al, 2020;Brumat, 2021). Por ejemplo, se realizan procedimientos de verificación de identidad y operativos de control en parques y centros comerciales que derivan en sanción o "se aplican deportaciones sin que existan alternativas efectivas para la regularización" (Servicio Jesuita a Refugiados, 2018:13).…”

“…Por ejemplo, se realizan procedimientos de verificación de identidad y operativos de control en parques y centros comerciales que derivan en sanción o "se aplican deportaciones sin que existan alternativas efectivas para la regularización" (Servicio Jesuita a Refugiados, 2018:13). De este modo, el análisis de la gobernabilidad permite indagar en los efectos que han generado las políticas migratorias y fronterizas altamente restrictivas que se han implementado durante la última década en el contexto chileno(Stang, 2016; Stefoni y Stang, 2017; Ramos y Tapia, 2019;Dufraix et al, 2020) y su impacto en la movilidad fronteriza de niños, niñas y adolescentes no acompañados que han ingresado al territorio por pasos no habilitados durante la pandemia.En este contexto, Chile se ha caracterizado por contar con una política migratoria basada en el control(Ramos y Tapia, 2019;Cociña, 2020;Quinteros et al, 2020), considerando que la doctrina de Seguridad Nacional fue el principal cimiento de la antigua ley de extranjería 5 , vigente desde el año 1975 hasta el año 2021, y creada en la dictadura cívico-militar chilena. Esta normativa, 5 Cabe hacer presente que el segundo gobierno de Sebastián Piñera reactivó un proyecto de ley que ya había presentado en su primer mandato (Boletín N°1139506) y que el 20 de abril del año 2021 fue publicada en el Diario Oficial, convirtiéndose en la ley 21.325 de Migración y Extranjería.…”

Between Hostility and Solidarity: The Production of the Andean Region–Southern Cone Transit Migratory Corridor

“…In addition, migratory policies in the countries comprising the southern corridor have become tougher, limiting regularization processes and multiplying migrants' illegality in the region (Domenech & Díaz, 2020;Álvarez Velasco, 2020b;Duffraix Tapia et al, 2020), while denying the recognition and guarantee of the right to refuge (Gómez & Malo, 2019). Meanwhile deportations-smaller in number and less spectacular than those occurring in the U.S. and Mexico-have been set into motion (Domenech, 2020).…”

Economic and mobility repercussions of the COVID-19 pandemic on the Chile–Bolivia border

“…Thus, the parliamentary vote for the bill took place amid a state of exception 1 and was implemented by a decree in response to the pandemic. Moreover, the parliamentary debate was dominated by a government executive, and a repetitive and misleading discourse that constantly alluded to the need for ‘orderly, safe, and regular’ migration, but in truth, was being used only to criminalise any form of irregular migration (Dufraix et al, 2020; Pécoud, 2018; Piñones-Rivera et al, 2022).…”