El presente artículo tiene por objetivo describir la corrupción como un fenómeno social que surge entre las relaciones del Estado como regulador y los particulares como destinatarios a partir de la imbricación de diferentes acciones, particularmente de la legitimidad institucional en las esferas pública y privada. Metodológicamente se toma como referencia la tipificación penal para efectos de establecer los escenarios posibles (públicos y privados) donde se ejecutan acciones de corrupción en varios niveles. Se analiza cada delito conforme a una escala mínima, media o amplia que sirva de insumo para comprender la dinámica de la corrupción y su relación con el Estado. A este fin se vincula una noción propia de corrupción a gran escala, instante poco analizado y de suma importancia para el ordenamiento jurídico colombiano. Se encuentra, entonces, que las situaciones materiales no encuentran correspondencia punitiva con la norma existente o desbordan sus límites entre los delitos tipificados. Por ello, instan por su inclusión como modalidad específica.
El primer intento de justicia transicional en Colombia se materializó con la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), en virtud del Acuerdo de Ralito entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno colombiano. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1592 de 2012, se generó la posibilidad de que los miembros que no cumplieran las condiciones establecidas en la Ley de Justicia y Paz o que no cumplieran con los compromisos adquiridos al someterse a dicha legislación, pudieran ser excluidos de ella y continuar siendo investigados y juzgados en la jurisdicción ordinaria. Como resultado del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, nació la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante la cual se juzgarán los delitos cometidos durante el conflicto armado. El presente artículo pretende evaluar la posibilidad que tienen los excombatientes de grupos paramilitares que, habiéndose postulado a la Ley de Justicia y Paz y que hayan sido excluidos por no cumplir con algunos de los requisitos o por no haber cumplido con sus compromisos, puedan someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo anterior se realiza a partir de la construcción de escenarios sobre casos icónicos de ex paramilitares excluidos de la Ley de Justicia y Paz.
El concepto de cultura ha sido controvertido en la sociedad contemporánea, variando en definiciones y siendo realmente vago frente a sus características individuales y sociales, usando el multiculturalismo y el terreno cedido ante la tolerancia como un límite a las diversas prácticas. Asimismo, el derecho cultural se encuentra como una categoría que ha carecido de significado a la hora de entablar diálogos entre diferentes grupos sociales y la garantía de protección por parte del Estado al tratarlo como un derecho conexo, obviandosu autonomía, y sin tener en cuenta cuáles prácticas deben o no estar cobijadas por él. En este sentido, se ha pretendido la restricción de diversas prácticas como la tauromaquia, sin establecer en primera medida la constitución de aquella como un derecho cultural o perteneciente a otra categoría de derechos. Palabras clave:Derecho, cultura, multiculturalismo, tauromaquia, derecho cultural.
El propósito del estudio es plantear, desde la hermenéutica de Ricoeur, la forma en la que la tendencia al desarrollo, enmarcado en el derecho que lleva su nombre, se ha válido de diferentes instrumentos, como el derecho a la transferencia de tecnologías y la cooperación internacional de carácter técnico, para su realización y la transformación de la sociedad hacia un estado superior: la sociedad del conocimiento. Así, tomando a Žižek como expositor de la teoría crítica de la modernidad, y efectuando un esbozo respecto a las categorías mencionadas, se procura la demostración del traslapo suscitado respecto de los instrumentos de realización del derecho al desarrollo, dándose una transfiguración en la cooperación, que se instaura como un aparato ideológico de la hegemonía capitalista originador de las interferencias Norte-Sur y del discurso de autorreferenciación que, bajo el espectro de la ideología, imposibilita la diferencia entre lo “nuevo” y lo “viejo”, generando situaciones que son propias de las contradicciones del (pos)modernismo, en el cual la transferencia de tecnologías consigue efectos contrarios a los esperados y presuponen la evolución de la sociedad hacia el Estado transnacional.
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