<p>En este artículo sostenemos que la política exterior y la política de defensa se encuentran interrelacionadas. Por lo tanto, los lineamientos de la primera deberían reflejarse en la segunda. Asimismo, argumentamos que la política de defensa puede ser dividida analíticamente en tres dimensiones, es decir, política militar, política internacional de la defensa y política de defensa en sentido estricto o bien en términos estratégicos; este vínculo debería también reflejarse en esta última dimensión. En suma, se analizan así los lineamientos de la política exterior, particularmente la supresión de las hipótesis de conflicto con los países de la región, son observables en la dimensión estratégica, más precisamente,<br />en la metodología de planeamiento por capacidades adoptada por el Ministerio de Defensa.</p>
Las funciones de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina se encuentran ordenadas y delimitadas jurídicamente por la legislación vigente en el país. Si bien esta legislación asigna a las Fuerzas Armadas la misión principal de conjurar y repeler las agresiones estatales militares externas (AEME) y, por lo tanto, es la Armada Argentina quien debe ejercer el control de los espacios marítimos, cabe discernir quién debe realizar interdicciones sobre navíos intrusos (NAI) que no suponen una AEME. En esta definición se superponen criterios tales como la naturaleza del problema a enfrentar, la legislación internacional y nacional, como así también la asignación de recursos del Estado Nacional para dar cuenta de la problemática de los NAI en el mar argentino. En este sentido, el presente artículo reseña brevemente cuáles son los espacios marítimos involucrados, los instrumentos internacionales y nacionales de referencia y los rasgos distintivos en su interpretación por parte de ambas Fuerzas en Argentina.
El objetivo de este artículo es estudiar la política de Defensa implementada durante la Presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), argumentando que ésta se subordinó a la política fiscal de ajuste neoliberal del Gobierno. Para ello, se examina el discurso de las autoridades; los principales documentos aprobados en este período de estudio; y finalmente, los recursos asignados a la política de Defensa. A partir de este análisis, se observa una pugna entre tres sectores al interior del Gobierno: i) quienes buscaban involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico siguiendo las orientaciones de los Estados Unidos; ii) aquellos que visualizaban a las Fuerzas Armadas como una estructura que ocasionaba un excesivo gasto en el presupuesto; y iii) quienes aducían cuestiones de índole criminal como forma de aumentar el presupuesto y sostener las capacidades para la misión principal. Se concluye que, si bien el discurso securitista fue predominante, el gasto efectivamente realizado muestra que la lógica del ajuste se impuso sobre el resto de las propuestas. En este sentido, la priorización del ajuste económico produjo que, a finales de 2019, las capacidades de las Fuerzas Armadas argentinas estuvieran más degradadas que a finales de 2015.
El presente artículo sostiene que la postura estratégica defensiva y el planeamiento por capacidades adoptados, que implica la aceptación de riesgos políticos y estratégicos, requieren una política exterior activa y contribuyente a la defensa nacional. Para ello se estudia las políticas de defensa y exterior argentina entre 2011 y 2015.
Este artículo propone dos rutas de análisis. En primer lugar, se analiza la situación del tráfico de drogas en Argentina y las alternativas legales para involucrar a las fuerzas armadas. En función de esto último, y siguiendo el argumento predominante de que un aumento de los costos institucionales para el mercado de drogas dismi- nuiría la oferta, se infiere qué consecuencias produci- ría el involucramiento de tropas militares. En segundo lugar, se analiza lo sucedido en México con el gradual aumento de los costos institucionales, que culminaron con el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lu- cha directa contra el narcotráfico. Ambas rutas sólo nos muestran señales de alarmas que deberían tomarse en cuenta al implementar una política.
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