Este artículo busca cuestionar el entendimiento presente en la práctica judicial y arbitral peruana de que la fijación de los puntos controvertidos consiste meramente en transcribir los pedidos contenidos en la demanda. Contrariamente a ello, se propone que el juez o árbitro desempeñe una auténtica actividad de organización del proceso, consistiendo en la delimitación del objeto litigioso del proceso, la admisibilidad de los medios de prueba y la determinación de los fundamentos jurídicos de las partes.Palabras clave: Puntos controvertidos; objeto litigioso; medios de prueba contradictorio; motivación. AbstractThis article seeks to challenge the actual understanding in Peruvian judicial practices and arbitration practices have the task of the discovering of controversial issues that simply consists in the transcription of the sue requests. Contrary to this, this text suggests that the judge or arbitrator should perform a reliable work in the procedure organization, this lies in determining the relevant facts, the admission and exclusion of the evidence and the legal issues offered by the parties.Keywords: Factual and legal issues; evidence; legal justification. I. INTRODUCCIÓNSiempre me llamó la atención que en la práctica judicial peruana la así llamada «fijación de puntos controvertidos», que recibiera una magra atención por el legislador del CPC de 1993 1 , consista en la mera transcripción de las «pretensiones» de la demanda y/o reconvención. En gran medida, lo mismo podría decirse de la práctica arbitral de nuestro país.Por ejemplo, si es que se demanda la nulidad del contrato, la cancelación del asiento registral y una indemnización, el auto que fijaba los puntos controvertidos, los puntos controvertidos eran fijados de esta manera: (a) determinar si debe ser declarada la nulidad del contrato X; (b) determinar si debe cancelarse el asiento registral en la Partida Electrónica Y; (c) determinar si el demandado debe pagar X suma de dinero por concepto de indemnización de daños y perjuicios.Algo extraño había aquí: ¿cuál era el sentido de repetir lo que ya estaba en la demanda?Pues bien, el presente artículo busca defender que, a pesar de la mezquindad en la redacción del artículo 468 del CPC, la práctica debe ir más allá de la delimitación de los puntos en controversia, para pasar a desempeñar una compleja actividad de organización del proceso 2 , que comprende, a su vez, tres subactividades consistentes en: (i) la delimitación del objeto litigioso; (ii) la admisibilidad de los medios probatorios (siempre que no sea una cuestión de puro derecho) y (iii) la determinación de los argumentos fáctico-jurídicos. Esta propuesta se justifica, además, en que contribuye con una mayor promoción de los derechos fundamentales al contradictorio, a la prueba y a la motivación de las decisiones judiciales. 1Artículo 468. Fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio. Expedido el auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercero día de notificadas propondrán al Juez por escrito los puntos controvertido...
¿Qué es una resolución judicial? Un breve estudio analítico para el derecho procesal civil peruano What is a judicial decision? A brief analytic study for Peruvian civil procedural law
El presente texto echa mano de una metodología analítica para diferenciar tres discursos en el clásico debate entre publicismo y garantismo en el contexto del derecho procesal civil en la tradición continental: el histórico, el filosófico y el institucional. Se muestra que cada uno de ellos tiene diferentes premisas de discusión y, también, que permiten a llegar a consecuencias particulares. Así, defendemos una propuesta para distinguir el modelo publicista del garantista en el discurso filosófico identificando las premisas teórico-políticas que les sirven de base. En el caso del modelo publicista, la función del Estado es la de ser un prestador para la tutela de los derechos fundamentales o garantías y de ahí se desprende que el proceso sea visto como herramienta de la jurisdicción para concretar sus fines. Por su parte, en el caso del modelo garantista, la función del Estado asume un papel de abstención a fin de respetar los derechos fundamentales o garantías y, por ello, el proceso, lejos de ser un instrumento del poder jurisdiccional, es asumido como una garantía del ciudadano orientada a controlar dicho poder.
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