This paper highlights the connections between representations of women with disabilities in mass media and the discrimination they face, in light of the State obligations derived from the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The paper recognizes that this group faces intersectional forms of discrimination; because of this, the authors propose that a State obligation to prevent the perpetuation of stereotypes on gender and disability in mass media can be derived from a joint reading of CRPD and the Convention to Eliminate Discrimination Against Women. By analyzing representation in mass media, this paper finds that media outlets tend to convey false or protectionist stereotypes of women with disabilities. In consequence, the authors propose that responsible exercise of media-related professions should (i) reflect persons with disabilities' demands for accessibility, (ii) highlight the positive impact of inclusive environments, (iii) include actors, actresses and role models with disabilities in advertisement and (iv) respond to the interests of persons with disabilities as consumers of their content.
El presente artículo explora los retos que enfrenta el sistema migratorio peruano frente a la llegada masiva de refugiados con discapacidad. Utilizando el modelo social de la discapacidad como enfoque de análisis, las autores recalcan la importancia de hacer una lectura interseccional de la política migratoria. De esta manera, identifican, desde un enfoque de discapacidad, los principales problemas en la regulación migratoria peruana en relación con el reconocimiento de calidades migratorias, acceso a servicios públicos y recopilación de información estadísticas. Las autoras concluyen que la legislación peruana aún tiene una gran tarea pendiente de incorporar un enfoque transversal de discapacidad.
En cumplimiento del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2018 Perú reformó su Código Civil eliminando la interdicción por motivos de discapacidad y creando un sistema de apoyos y salvaguardias. El presente artículo hipotetiza que, a poco más de tres años de la reforma, este cambio solo es aparente, pues en la práctica la sustitución de la voluntad se mantiene como regla. Para ello se analizan 34 decisiones judiciales de restitución de capacidad jurídica a efectos de demostrar la incompatibilidad con los estándares de capacidad jurídica propuestos a nivel internacional.
El entendimiento de los derechos de las personas con discapacidad se ha visto modificado por la adopción e implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre los cambios necesarios para su implementación, resalta el referido a la capacidad jurídica (o capacidad de ejercicio) de las personas con discapacidad. A contracorriente con lo que se registra en la mayor parte de Códigos Civiles de la región, la Convención reconoce que las personas con discapacidad sí pueden tomar decisiones y que su discapacidad no puede ser motivo para privarlos de ese derecho. Para garantizar esto, es necesario que los Estados reconozcan apoyos para la capacidad jurídica que sean vigilados por salvaguardias que eviten abusos, influencia indebida y conflictos de intereses. Este artículo presenta los diferentes debates que se han sucedido a nivel doctrinario con respecto a estas nuevas instituciones que obligan a repensar diversas categorías jurídicas como el acto jurídico y sus causales de anulabilidad y nulidad; el consentimiento informado; o la inimputabilidad.
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