Este artículo de investigación tiene por objeto analizar el rango de protección dado por la Corte Constitucional al mínimo vital, para lo cual se define el concepto de mínimo vital y se construye una línea jurisprudencial, por medio de la cual, se busca determinar el patrón de desarrollo decisional atinente a la protección como derecho fundamental del mínimo vital. Del análisis jurisprudencial, se identifican tres momentos, el primero, de protección al derecho innominado mínimo vital o derecho de subsistencia, por conexidad con derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana; un segundo momento, donde si bien se mantiene la inicial postura, en el sentido que el mínimo vital no es per se un derecho fundamental, se empieza a moderar el discurso de no fundamentalidad y se dota al mínimo vital, de una mayor trascendencia en el orden constitucional. Por último, en un tercer momento, se considera el mínimo vital como un derecho fundamental autónomo. Se concluye, que si bien hay una interpretación constitucional que reconoce el mínimo vital como derecho fundamental, en la práctica su aplicación es reducida y no se vislumbra una apuesta de Estado, que impulse la creación de prestaciones dirigidas a las personas sin ingresos y con necesidades apremiantes de subsistencia, estrategia que sin lugar a dudas, permitiría combatir la desigualdad, el incremento de la pobreza y la desprotección en el desempleo, asuntos que se agravan cada vez más en Colombia.
En este artículo de reflexión, basado en una investigación, se describe la problemática jurídica planteada por los estados intersexuales* en los menores de edad, y cómo la misma centra su discusión en la teoría del consentimiento informado, punto nodal en el que convergen, por un lado, la existencia de un sujeto titular de derechos, y por el otro, el modo en que debe darse la autorización para ciertos tratamientos médicos o quirúrgicos, así como para algunas intervenciones preventivas. Igualmente,se plantea la necesidad de articular el saber jurídico con el de otros campos como la medicina y la bioética, a fin de construir un marco teórico, analítico y práctico que aporte nuevas herramientas e instrumentos para resolver esta problemática. La Corte Constitucional Colombiana, como máximo órgano jurisdiccional, estableció algunos parámetros jurídicos para adoptar decisiones en estos casos pero cada uno de ellos plantea matices y opciones diferentes, y la solución que se pretenda adoptar debe ir dirigida a optimizar el bienestar del paciente.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales renovables y no renovables. Esta propiedad y su conservación están reguladas en la Ley 685 de 2001. Esto indica que la concesión de derechos de uso sobre el subsuelo y sus recursos debe realizarse de forma armónica con los aspectos jurídicos y sobre todo, privilegiando el bien general. En la actualidad la dinámica del sector minero ha permitido la intervención del sector inversionista interesado en los recursos del subsuelo colombiano. Esto ha mostrado la sugerencia de generar una normatividad que responda de forma eficiente, en materia de producción, reservas ambientales, demandas de titulación, de delimitación geográfica de áreas de posible contratación, eficacia en las compensaciones ambientales, entre otros. Esto ha incidido en la generación de grandes retos en lo normativo, lo político, lo ambiental y lo social.
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