Cuando se aprobó la Constitución de 1998, la sensación incierta de haber logrado algo invadió los círculos intelectuales y políticos cercanos a algunos movimientos sociales, en particular, al movimiento indígena. Los derechos colectivos junto a ciertos principios, insertos en la parte dogmática, constituyeron sin duda un avance, pero quedó la duda cuando otras disposiciones, inclu-
Alteridad Marzo de 200976 S Su um ma ak k k ka aw ws sa ay y e en n l la a C Co on ns st ti it tu uc ci ió ón n e ec cu ua at to or ri ia an na a d de e 2 20 00 08 8: :a ap pu un nt te es s e en n t to or rn no o a a s su us s a al lc ce en nc ce es s y y d de es sa af fí ío os s
Intimismo. Técnica mixta sobre lienzoPablo Ortiz * * Docente de la Escuela de Gestión para el Desarrollo Local e investigador. Sociólogo y Msc. en Ciencias Políticas, candidato a doctor en Estudios Culturales. Ha laborado durante varios años en organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, en áreas de gestión territorial y de bosques tropicales. Colabora como asesor en la cooperación alemana.yendo transitorias, posibilitaron varias reformas legales e institucionales acordes a las prioridades de las políticas de ajuste neoliberal. Sólo un ejemplo breve de muestra: poco se pudo hacer en materia de derechos de pueblos indígenas a ser consultados previamente, si una decisión en torno a un proyecto extractivo afectara sus territorios, espacios de vida, economía y cultura. A pesar de que la Constitución de 1998 establecía esa obligación por parte del Estado, entre el año 2000 y el 2002, los sucesivos gobiernos de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa Bejarano, buscaron sortear dicha disposición mediante la expedición de un reglamento focalizado en un sector altamente sensible: la explotación de hidrocarburos en territorios indígenas. Y lo más curioso de ese caso, no fue la sensibilidad y preocupación de las autoridades por garantizar la vigencia o aplicabilidad de los derechos de los pueblos indígenas, o cumplir lo que mandaba el Art. 16 de esa Constitución, "que se garantiza los derechos a todas las personas sin discriminación", o lo dispuesto por el Art. 17 que "los derechos humanos son directa e inmediatamente aplicables (…), que no se podrá exigir requisitos o condiciones no establecidos en la Constitución y la ley". Simplemente respondieron a las preocupaciones de varias empresas petroleras y gremios privados, que veían en la ausencia de reglamentación en esa materia, riesgos para la validez de futuros contratos y licitaciones en el sector.Al inicio de 2000, las corporaciones multinacionales, aglutinadas en la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), dejaron todo en manos de las autoridades estatales. Luego, ante el fracaso de éstas, impulsaron con el apoyo de la oficina del Banco Mundial en Quito, su propio proyecto de "reglamento de consulta previa", que se constituyó en la base del que finalmente fue aprobado en las vísperas navideñas de 2002, que en lo fundamental, restringía y distorsionaba de manera casi total, los principios y definicio...