El estudio de las reglas prohibitivas del trabajo por cuenta propia del menor de dieciséis años y la ampliación de los supuestos de laboralidad –en concreto de los hijos menores de treinta años que convivan con el empresario– tras la aprobación del Estatuto del Trabajo Autónomo se completa con el análisis detallado de la inmensa proyección del trabajo familiar en el ámbito de la Seguridad Social (concretamente en materia de encuadramiento de los familiares asalariados, de los familiares colaboradores del trabajador autónomo y, sobre todo, del prestado en las empresas con forma jurídica societaria), llegando a la conclusión de que en su exclusión de la protección por desempleo el legislador se ha extralimitado al presumir un ánimo fraudulento en la extinción del contrato de los hijos, desconociendo que la situación precaria de muchas empresas familiares puede justificar hoy día la idoneidad de dichas extinciones contractuales por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción.
Dada la inaplicación del Derecho del Trabajo (entendido como conjunto legal y convencional colectivo, inderrogable e indisponible) y de sus tratamientos más favorables en beneficio del trabajador a las relaciones de servicios no laborales y su sometimiento consiguiente a los órdenes jurídicos civil o mercantil, el análisis detenido de todas y cada una de las notas que caracterizan una relación contractual como laboral constituye el objeto de los primeros epígrafes del estudio. Con todo, la delimitación exacta del ámbito de la legislación laboral y del Derecho del Trabajo no queda confiada de manera exclusiva a la comprobación de tales presupuestos sustantivos, sino que el legislador, por razones de índole política, social o económica puede alterar esa inicial configuración. De hecho, la propia evolución de los sistemas productivos está poniendo de manifiesto la aparición cada vez más frecuente de nuevas categorías de trabajadores (a domicilio, teletrabajadores...) y una gran elasticidad en la determinación de las denominadas «zonas grises», en la medida en que cada vez resulta más frecuente la quiebra de la «dependencia» y el avance de los fenómenos de «parasubordinación». Se analiza, por último, ante la revalorización de las formas autónomas de trabajo, la posibilidad de articular un sistema de protección del profesional que desde el punto de vista jurídico es autónomo pero es dependiente desde el punto de vista económico (trade), permitiéndole utilizar medios de defensa semejantes a los del trabajador subordinado. La formación y readaptación profesionales, la protección frente a discriminaciones y riesgos en el trabajo, el derecho a la percepción de la contraprestación económica por el ejercicio profesional, los derechos colectivos y la protección social, el acceso a los medios extrajudiciales de solución de conflictos y a la tutela judicial efectiva de sus derechos profesionales son, sin duda, aspectos relevantes del trabajo autónomo, cuya regulación parece necesaria y cada vez más cercana, como pone de manifiesto la reciente elaboración de una propuesta de Estatuto del Trabajador Autónomo.
Bajo la genérica denominación de prestaciones de muerte y supervivencia contempla el ordenamiento la protección (además de la específicamente dispensada al cónyuge viudo, al superviviente de una pareja de hecho y a los huérfanos) de determinados familiares del causante en los que concurran cumulativamente ciertos requisitos en el momento del hecho causante: convivir con el causante y a sus expensas, al menos durante los dos años anteriores; carecer de medios de subsistencia propios, cifrados en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI); no tener derecho a otra pensión pública o prestación periódica de la Seguridad Social e inexistencia de familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos (recayendo esta obligación, según lo establecido en los artículos 142 y 143 del Código Civil, en los cónyuges, ascendientes y descendientes). Entre los posibles beneficiarios de tal protección, en concreto, de la pensión a favor de familiares, contempla el ordenamiento, entre otros, a los hijos y hermanos (varones y mujeres) de beneficiarios de pensiones de incapacidad permanente o de jubilación contributivas, mayores de 45 años y solteros, separados judicialmente, divorciados o viudos, que acrediten dedicación prolongada al cuidado del causante. Y precisamente a propósito del alcance que deba otorgarse a tales cuidados versa la sentencia objeto de comentario, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado 13 de marzo de 2020, en la cual se profundiza en el análisis del concepto de convivencia (se daba la circunstancia en el caso de que la actora se encontraba empadronada, junto con su hijo de 19 años de edad, en la misma calle y número que su progenitora, pero en pisos diferentes), llegando a la conclusión de que la convivencia exigida en las prestaciones a favor de familiares debe interpretarse más allá de la estricta cohabitación física, pues una interpretación excesivamente formalista del concepto dejaría fuera de protección situaciones reales de necesidad y dependencia, padecidas mayoritariamente por mujeres. En el asunto comentado, en la medida en que la hija ha venido cuidando y atendiendo las necesidades vitales de su madre mientras vivía y lo requería, con una asistencia continua (día y noche) por vivir en el mismo edificio, debe priorizarse en la valoración de este requisito que tiene un componente claramente social, humano y asistencial que quedaría diluido de hacerse una interpretación mecanicista y puramente física. Así, pese a la ausencia de esa cohabitación física se procede a reconocer la pensión a la hija de la pensionista, interpretando el artículo 226.2 TRLGSS a la luz de los principios de igualdad y no discriminación por razón de sexo. La aplicación de dicho canon hermenéutico permite al Tribunal resolver la controvertida cuestión desde una perspectiva de género que obliga a una contextualización y actuación conforme al principio pro persona y en favor de una mayor protección de los derechos humanos.
El Estatuto del Trabajo Autónomo pretende instrumentar los mecanismos necesarios para reducir las enormes diferencias que, en cuanto a protección, separan a los sujetos del contrato de trabajo de aquellas nuevas categorías de trabajadores aparentemente autónomos pero cuya situación de dependencia económica respecto de la persona que les da trabajo es similar o incluso más acentuada que la del trabajador-tipo sujeto del contrato de trabajo. La atención particular de este estudio va orientada al análisis de las medidas capaces de garantizar la efectividad de ciertos mecanismos de protección social, en el ámbito contractual en que se desarrolla la relación jurídica con sus clientes empleadores, a partir de la previa delimitación conceptual del colectivo.
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