Hasta el momento, las sanciones por incumplimiento en materia económica en el ámbito de competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se han referido a dos aspectos solamente: 1) la autorización a los países miembros para gravar adicionalmente en un 5% las importaciones de cinco productos del país incumplidor, o 2) limitar las normas de origen a través de la suspensión de emisión de certificados de origen con lo que el país miembro pierde la ventaja del Programa de Liberación al tener que pagar el arancel de terceros países. Sin embargo, ese sistema actual de sanciones ha devenido ineficiente, ya que en varios casos no existe interés por parte del país beneficiado (demandante) en aplicar las sanciones al país infractor, lo que da lugar a un doble incumplimiento, tanto del país demandado que no cumple la sentencia, como del país demandante que decide no aplicar las sanciones autorizadas por el TJCA. Por lo tanto, una de las opciones a fin de solucionar este impasse podría ser la imposición de multas coercitivas a los países miembros que incumplan una sentencia del TJCA, tal como sucede en la Unión Europea.
La crisis global de la pandemia ha generado una valiosa oportunidad para impulsar, a nivel de los bloques de integración regional, políticas de recuperación verde que estén estrechamente alineadas a las políticas climáticas, incluyendo la fijación de precios al carbono. El Pacto Verde de la Unión Europea (UE) es un ejemplo en este sentido. Este artículo propone que la Comunidad Andina (CAN) siga ese ejemplo, estableciendo políticas de precios al carbono dentro del marco normativo comunitario, adaptándolas a su nivel de integración regional y a las necesidades de sus países miembros. Planteamos cinco ideas de políticas de precios al carbono que los países andinos podrían adoptar en el marco de la CAN: eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, regular ajustes fiscales al carbono en frontera, crear un impuesto regional al carbono, definir un precio social al carbono de referencia y establecer un mercado regional de carbono. Para concretarlas, la CAN puede optar entre establecer legislación comunitaria de uniformización o de armonización. Consideramos que la armonización es el mejor camino porque permitiría fijar una meta realista y viable, dejando en libertad a los Estados para decidir cómo alcanzarla.
Ningún país latinoamericano es parte del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (1992) ni de la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación (1997). Entonces, cabe preguntarse ¿hasta qué punto ambas convenciones —que tienen un alcance universal— son un reflejo fiel de la costumbre internacional y de los principios generales del derecho internacional de aguas? Al parecer, tanto el surgimiento como el contenido de ambas convenciones omiten prácticas más cercanas a la realidad latinoamericana. Por lo tanto, resulta necesario abrir el debate y discutir la pertinencia de adoptar acuerdos regionales o mantener el statu quo en la región.
Uno de los temas de mayor trascendencia en el Derecho Administrativo comunitario andino está referido a la ampliación de la legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). De hecho, el TJCA ha interpretado de manera amplia y generosa el concepto de “juez nacional”, incluyendo a los órganos administrativos de los Estados miembros, así como a los árbitros. De tal manera que, el problema de investigación gira en torno a qué se entiende por “juez nacional” a la luz del Derecho comunitario andino y el objeto y fin del mecanismo de la interpretación prejudicial. La hipótesis principal consiste en que, tanto los órganos administrativos como los árbitros son, en los hechos, “jueces comunitarios” por colaborar en la interpretación y la aplicación uniforme del Derecho comunitario. En ese sentido, en el presente trabajo se analizará la interpretación prejudicial como uno de los más importantes vehículos para garantizar el Estado de Derecho en materia de Propiedad Intelectual en el marco de la Comunidad Andina (CAN), y se hará un breve análisis comparativo entre la consulta prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la del TJCA. Por último, se brindarán algunos apuntes sobre cómo se deben enfrentar los cambios jurisprudenciales del TJCA.
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