El presente trabajo se plantea la cuestión de si el legislador tiene límites a la hora de decidir qué conductas punibles van a ser castigadas por los tribunales como delitos y cuáles por la Administración como infracciones administrativas. Se llega a la conclusión de que existen límites, que esos límites se derivan de la reserva de jurisdicción contenida en el art. 117.3 CE y de que hay un núcleo irreductible que ha de ser competencia del Poder Judicial. Finalmente, se describe qué tipo de supuestos pueden componer dicho núcleo, y cuáles quedan a disposición del legislador para ser atribuidos a la Administración.
I. INTRODUCCIÓN. II. LAS COMPETENCIAS MATERIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA SOBRE ASOCIACIONES. 2.1. El “carácter” (las finalidades) de las asociaciones. a) La atención a la finalidad como criterio para delimitar el “carácter” de las asociaciones. b) Interpretación de la cláusula “y similares”: la competencia autonómica como título competencial genérico sobre asociaciones. 2.2. El desarrollo de sus funciones “principalmente” en Andalucía. a) Las “funciones” de las asociaciones. b) El adverbio “principalmente”.III. DELIMITACIÓN NEGATIVA DE LA COMPETENCIA AUTONÓMICA CON RESPECTO A OTROS TÍTULOS COMPETENCIALES DEL ESTADO: LA “NO EXCLUSIVIDAD” DE LA COMPETENCIA ANDALUZA SOBRE ASOCIACIONES. 3.1. El desarrollo del derecho fundamental de asociación por el Estado ex art. 81.1 CE. 3.2. Las competencias del Estado sobre las “condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio” del derecho de asociación (art. 149.1.1º CE). 3.3. Las competencias del Estado sobre la “legislación civil” (art. 149.1.8ª CE): su casi total irrelevancia final. 3.4. La competencia del Estado sobre “registros e instrumentos públicos” (art. 149.1.8ª CE). 3.5. Otros títulos de competencia estatales concurrentes con el de las Comunidades Autónomas. 3.6. Las cláusulas residual y de suplencia a favor del Estado (art. 149.3 CE) en materia de asociaciones; las llamadas asociaciones “de ámbito estatal”.IV. CONCLUSIÓN.
El libro se abre con una introducción general al seminario por parte de Luis Ortega («La ponderación en el marco del pluralismo») y con una presentación de la teoría de la ponderación desde el Derecho Administrativo a cargo de Luis Arroyo Jiménez («Ponderación, proporcionalidad y Derecho Administrativo»). Después se sitúan las intervenciones de dos filósofos del Derecho en torno a la teoría general de la ponderación en el contexto del llamado neoconstitucionalismo: «Diez argumentos sobre neoconstitucionalismo, juicio de ponderación y derechos fundamentales», de Luis Prieto Sanchís; y «Neoconstitucionalismo y ponderación», de Alfonso García Figueroa. La segunda parte de la jornada estuvo protagonizada, previa presentación de Susana de la Sierra («La ponderación y su contexto. Una reflexión a título introductorio»), por administrativistas. En ella debatieron algunas aplicaciones concretas de la ponderación en el Derecho administrativo José María Rodríguez de Santiago («Ponderación y actividad planificadora de la Administración»), Francisco Velasco Caballero («Método de la ponderación y sistema competencial») y Gabriel Doménech Pascual («Principios jurídicos, proporcionalidad y análisis económico»).
<p>El artículo 3 del Protocolo número 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce un derecho indemnizatorio al afectado por una condena penal firme posteriormente anulada por motivos ajenos al condenado. El presente trabajo explora la posibilidad de que este derecho sea ejercitable también en el ámbito administrativo sancionador, en concreto, en relación con la anulación de sanciones administrativas firmes, así como las consecuencias que ello tendría para el sistema español de responsabilidad patrimonial de la Administración pública.</p>
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.