Latin America and the Caribbean (LAC) is one of the world's most biodiverse regions, but this diversity is threatened by the overexploitation of natural resources and internal social conflicts. In 2018, 33 LAC countries were invited to sign and ratify the landmark Escazú Agreement, which is the first legally binding environmental agreement to explicitly integrate human rights with environmental matters. The agreement outlines an approach to enhance the protection of environmental defenders, increase public participation in environmental decision‐making, and foster cooperation among countries for biodiversity conservation. However, clear mechanisms to implement the ideals of the Agreement are currently lacking. We identify the key provisions of the Agreement and link these to tangible mechanisms which aim to integrate human rights and nature conservation. These mechanisms include technological (e.g., free online data), human‐based (e.g., legal advice from multidisciplinary teams), and nature‐based solutions (e.g., transboundary species management). As environmental assets––and threats to them––span national boundaries, the collaborative and participatory provisions of the agreement could catalyze coordinated transboundary environmental management. Because of the importance of this Agreement for the LAC region, we added a Spanish version of this manuscript in the Supplementary Material (versión del artículo en español en el material suplementario).
Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato constitucional. Su ratificación significaría un paso hacia el fortalecimiento de varios ejes estructurales de la Constitución de 1991 y demostraría coherencia entre los mismos. La implementación jurídica del Acuerdo de Escazú es una oportunidad única para reafirmar los compromisos contenidos en la Constitución Ecológica, treinta años después de su promulgación.
La crisis ambiental que enfrentamos actualmente implica una serie de retos frente a la protección del ambiente como un elemento fundamental para garantizar una vida digna y saludable para las generaciones presentes y futuras. Las reflexiones sobre los procesos y estrategias en la gestión ambiental representan un paso importante para asumir nuevas rutas en relación con el trabajo tanto de las autoridades como de los diferentes actores sociales en el cuidado del planeta. Asuntos como la protección de los ecosistemas, la lucha contra el cambio climático o el reconocimiento de nuevos sujetos de derechos se encuentran en el centro de las discusiones ambientales, por lo cual es imprescindible contar con un marco conceptual y jurídico que posibilite avanzar en este tipo de análisis y que, a su vez, aporte elementos para un derecho y una gestión ambiental que incluyan diversas visiones y la representación adecuada de los intereses, en especial los relacionados con las personas y los grupos vulnerables. En el marco de los 25 años de la especialización en Derecho Ambiental y de la labor de investigación científica de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, esta obra hace un aporte académico e interdisciplinar a través de tres ejes temáticos de gran relevancia y que hacen parte de algunos de los principales debates ambientales contemporáneos.
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