La Ley de Competencia de El Salvador del 2006, prohíbe los carteles entre empresarios u operadores económicos, pero como se trata de acuerdos ilegales, realizados generalmente sin dejar un rastro probatorio material, existe dificultad para probar su realización. Esto ha generado múltiples impugnaciones relacionadas con la falta de contundencia para justificar las sanciones impuestas, en la opinión de las empresas afectadas. Muchas sanciones impuestas por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia han sido impugnadas en sede Contencioso Administrativa, por ser la única jurisdicción ante la cual se podía recurrir durante el periodo cubierto por esta investigación. La metodología empleada en el presente artículo, consistió en el análisis de la totalidad de las resoluciones en casos de carteles sancionados por la autoridad de competencia, para extraer los elementos probatorios que han permitido condenar; y en un segundo lugar, examinar los pronunciamientos de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para determinar si han confirmado la legalidad de las decisiones de la autoridad de competencia o si han establecido su ilegalidad. El hallazgo más relevante de este estudio y que puede servir para que los operadores económicos orienten sus actuaciones en el marco de la Ley de Competencia, es que la legalidad de todas las sanciones impuestas en casos de carteles ha sido confirmada.
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