Introducción. La prevalencia de infección por VIH es tema de constante análisis en el sistema de salud y se toma como referente para las políticas de salud pública. Conociendo las diferentes dinámicas poblacionales de esta infección se generan nuevos enfoques para intervenir de manera adecuada en su manejo.Objetivo. Realizar un análisis de prevalencia de la infección por VIH en las localidades de Bogotá, D.C. en el año 2012.Materiales y métodos. Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de fuente secundaria realizado a partir de los diagnósticos positivos de VIH, proporcionados en una base de datos por la Secretaria Distrital de Salud, y las proyecciones poblacionales suministradas por la Secretaria Distrital de Planeación para el 2012.Resultados. Con una población proyectada de 7 571 345 habitantes en Bogotá D.C., se estimó una tasa global de prevalencia de 19 por 100 000 habitantes, la razón hombre:mujer fue de 6H:1M y el grupo de edad más afectado por la infección fue el de 20 a 34 años.Conclusión. De las 20 localidades de Bogotá, D.C., 8 superan el promedio encontrado para la ciudad, por lo que se constituyen en localidades prioritarias de intervención.
El presente estudio aborda el fenómeno que se refiere a la inobservancia total o parcial de los estándares deseables de desempeño en la actividad jurídica que no es imputable al operador jurídico, denominado Dispraxis Formativa (dispraxis de segundo nivel). Nos explica que el grado de dispraxis formativa influye en la eficacia institucional e incluso puede permear en la decadencia del Estado de Derecho. Nos da cuenta de la importancia sobre la formación de los operadores jurídicos desde una perspectiva humanista y ética.
En el presente estudio se revisa y se evidencia que, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al reglamentar la punición aplicable en el procedimiento abreviado, se violentan derechos humanos al transferir al Ministerio Público una atribución exclusiva del Poder Judicial lo que, además de in- constitucional, limita el acceso a la justicia, rompe el principio de equilibrio procesal entre las partes y favorece la corrupción y la impunidad.
En el año 2011 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde entonces se ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de dar a conocer los derechos de los gobernados de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La responsabilidad que tiene el Estado de promover, implica que los ciudadanos deben recibir información básica en su propia lengua. Esto se aplica a los derechos político-electorales, pues es menester que todos los integrantes de comunidades y pueblos indígenas conozcan adecuadamente las propuestas de campaña de los candidatos políticos para así emitir un voto razonado.
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