INTRODUCCIÓN Tras el Alzamiento de julio de 19361 , en las zonas controladas por los sublevados los centros de reclusión adquirieron un especial movimiento de presos, debido, por un lado, a la liberación de prisioneros políticos afines, principalmente falangistas, y, por otro, a consecuencia del encarcelamiento masivo de republicanos. Esto último provocó, ante el ingente número de presos que ingresaron en prisión y las limitadas dimensiones de las prisiones existentes, el hacinamiento de una población reclusa que no cabía en las cárceles provinciales, ni tampoco en las de cada partido judicial o en los depósitos municipales. Un excedente de reclusos que se trató de combatir con una serie de medidas que, un primer momento, fueron canalizadas a través de la Comisión de Justicia de la Junta Técnica del Estado 2 . -Pero los problemas de masificación que registraban los centros de reclusión en zona insurgente iban en aumento a medida que transcurrían los primeros meses de guerra y requerían una atención especial por parte de las nuevas autoridades. Eso al menos se desprende de la publicación de medidas como la aprobada el 30 de octubre de 1936, por la que se creaba la Inspección de Presidios y Prisiones que estaba vinculada expresamente a la presidencia de la Junta Técnica 3 , y que tuvo como particularidad ser un cuerpo civil en esencia, aunque dirigido, debido a los condicionamientos inherentes a la situación bélica, por militares 4 . Y ya en julio de 1937 se daba un nuevo paso en la vertebración penitenciaria con la creación de la Dirección de Prisiones, a la que se dotó de mayores competencias que la Inspección, al completar las funciones de reconocimiento con las de organización, personal y trabajo de los penados. Legislación penitenciaría republicana derogada en noviembre de 1936 ContenidoOrden que establecía la libertad de conciencia de los reclusos y la recepción de prensa Orden para mejorar el régimen alimenticio de los presos Circular disponiendo que los gastos de viaje, billetes de ferrocarril y ropa de penados puestos en libertad serían abonados por la Administración Decreto por el que se concedía la libertad condicional a los septuagenarios de intachable conducta que ofrecieran garantías de llevar vida honrada en libertad Decreto por el que se creaba el Instituto de Estudios Penales destinado a la preparación del personal de prisiones y a la ampliación de sus estudios Decreto por el que se concedía un suplemento extraordinario para manutención de internos e hijos de reclusos en su compañía Ley que ordenaba la retirada urgente de cadenas blancas, grillos e hierros de sujeción que aún quedaban en los establecimientos penitenciarios
After the failed coup d'état of July 17 th , 1936 and after the start of the Spanish Civil War that followed it, rebels carried out a repressive strategy based on the execution of thousands of people as a key tool of social control. The socialization of fear and terror through humiliation, killing and disappearance would become the main strategy employed throughout the war and the postwar period. In this context, perpetrators would exercise repressive practices on victims and their bodies. As a result, countless mass graves were opened in order to hide the bodies of victims. In the region of Extremadura, these mass graves have been investigated through the application of archeology and physical anthropology as disciplines of research and historical knowledge production. The exhumations, have given us a diachronic point of view of the repressive strategies developed, associated with different contexts between 1936 and 1946. Analyses of mass executions linked to rebels' occupation of territories in this region, systematic rearguard killings in occupied areas, elimination procedures carried out in concentration camps and prisons and the fight against the armed guerrilla during the dictatorship, are the main contributions of this article.
Legislación, investigación, exhumación de fosas comunes y memoria constituyen variables que en España deben marchar unidas para responder a demandas sociales que no admiten dilación. Juntas han tratado de dar respuesta a las reivindicaciones de las familias y asociaciones que les representan en su exigencia de actuaciones sobre cuestiones que afectan directamente a los Derechos Humanos más elementales. Conjunto de contenidos que ha merecido la atención de la administración pública, tanto nacional como autonómica, que han procedido a aprobar leyes y normas con objeto de dar cumplida contestación a ese requerimiento ciudadano. Decisiones que con frecuencia se han visto acompañadas de controvertidos debates. Contenidos que son analizados en este artículo que pretende ofrecer una panorámica sobre esas iniciativas legales tras la muerte del dictador, en relación a las consecuencias de la guerra civil y régimen posterior y sus repercusiones en la sociedad.
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