In the heritage field, institutions tend to see social participation as a synonym for good governance practice. This extends to other areas such as the environment, humanitarian aid, and sustainable development. In this article, the authors analyze the use of participatory models in the management of heritage through the study of three heritage sites in Spain: the prehistoric paintings in Altamira, the Mosque‐Cathedral in Córdoba, and the Cabo de Gata‐Nijar Natural Park. Their study suggests that, despite the promises of more democratic heritage governance, participatory methods are commonly bounded by social fractures that are concomitant to certain ‘heritage regimes’. They conclude that the critical study of participation in heritage should go beyond the dichotomy between ‘good and bad’ participation. Rather, it should focus on understanding what participation does to the entire heritagization process.

ParticiPat es un proyecto de investigación del Plan Nacional que tiene como objetivo analizar la participación y sus instrumentalizaciones en nueve estudios de caso sobre procesos de patrimonialización. A la hora de abordar el proyecto, quisimos cuestionar las jerarquías y lógicas raramente colaborativas que rodean la producción de conocimiento en la antropología. Para ello decidimos seguir los principios de la investigación acción participativa (IAP) para elaborar conjuntamente una guía de campo de mínimos que facilitara la comparabilidad de los casos de estudio. A través de la descripción de este proceso participativo reflexionamos sobre la estructuración de los proyectos de investigación, entendiendo que su arquitectura inicial condiciona la reproducción de lógicas de poder y autoridad entre las personas investigadoras. Asumimos así el reto de investigar sobre participación desde un meta diseño de investigación participativo que nos permite visibilizar algunos presupuestos ideológicos dentro de la práctica académica.

Este número especial responde a la necesidad de preguntarse cómo se construyó la red de Áreas Protegidas (AP)[1] en los distintos territorios de España, tras la arquitectura del Estado de autonomías aprobado por la Constitución de 1978. Diversos factores condicionaron el desarrollo de las políticas de conservación en cada una de las comunidades autónomas (CC.AA.). En este monográfico nos acercamos a tres de ellas –Andalucía, Catalunya y Comunitat Valenciana–, dibujando sus trayectorias y buscando una comparación con el propósito de alcanzar una mayor comprensión del presente.