This paper examines the effects of noncontributory pension programs at the federal and state levels on Mexican households' saving patterns using micro data from the Mexican Income and Expenditure Survey. We find that the federal program curtails saving among households whose oldest member is either 18-54 or 65-69 years old, possibly through anticipation effects, a decrease in the longevity risk faced by households, and a redistribution of income between households of different generations. Specifically, these households appear to be reallocating income away from saving into human capital investments, like education and health. Generally, state programs have neither significant effects on household saving, nor does the combination of federal and state programs. Finally, with a few exceptions, noncontributory pensions have no significant impact on the saving of households with members 70 years of age or older-individuals eligible for those pensions, plausibly because of their dissaving stage in the lifecycle. (JEL D14, J26, O12, H55)
Una vez se incorporaron al Tribunal Supremo los tres jueces que Trump propuso, por primera vez en décadas hay una sólida mayoría conservadora en el tribunal, que los liberales perciben como una potencial amenaza para algunos precedentes en asuntos como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se han alzado voces defendiendo aumentar el número de jueces e introducir límites en su mandato. El presidente Biden expidió una orden ejecutiva creando una Comisión integrada por miembros de ambos partidos al objeto de analizar una reforma del Tribunal Supremo. La Comisión hizo público su informe final en diciembre de 2021. El presente trabajo trata los principales temas que abordó dicho informe. También analiza la frustrada iniciativa de Franklin Roosevelt para incrementar el número de jueces del Tribunal Supremo.
Una de las principales características del acto administrativo nulo de pleno derecho es que al mismo no le es de aplicación la excepción de acto consentido en el supuesto de no haber sido objeto de recurso administrativo ordinario en tiempo y forma, como sí ocurre en el caso de actos meramente anulables. El propio artículo 102.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC) así lo establece al señalar que es de aplicación la revisión de disposiciones y actos nulos «que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo», si bien tal posibilidad de revisión se limita a los supuestos del artículo 62.1 del meritado cuerpo legal . Lo mismo acontece en materia tributaria, en tanto en cuanto el contenido material del artículo 217 de la Ley 58/2003 (LGT) no es más que una mera refundición de los artículos 62.1 y 102 de la LRJAP y PAC. Pues bien, la resolución judicial objeto de comentario hace saltar por los aires esa doctrina al exigir, respecto a la causa de nulidad de pleno derecho del artículo 217.1 e) de la LGT que los motivos jurídicos se ventilen, en caso de discrepancia jurídica, en el recurso administrativo ordinario y no en el recurso extraordinario de nulidad si la Administración ha seguido un procedimiento, aunque éste no sea el previsto por la norma concreta.
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