La desigualdad ha sido el tópico más debatido en las ciencias sociales, en especial la economía, en los últimos decenios, que han presenciado la explosión de sus principales dimensiones: ingreso y riqueza entre ellas. Se ha avanzado mucho en el estudio de sus dimensiones, alcances y extensión, que se han resumido en impresionantes indicadores. Hasta comienzos del decenio, sin embargo, no se habían identificado sus costos en términos de efectos negativos sobre el crecimiento económico. Ahora es generalizado el reconocimiento de que la desigualdad disminuye el crecimiento y la desigualdad creciente lo afecta de manera multiplicada. Empero, no ha sido equivalente el avance en la definición e instrumentación de políticas para hacerle frente de manera efectiva y retirar este enorme obstáculo a la recuperación del dinamismo económico global. Los desarrollos asociados al combate a la desigualdad constituyen el germen de un cambio sistémico ante la bancarrota del binomio economías de mercado desreguladas y democracias electorales formales, esa suerte de paradigma global vigente al menos desde inicios de los años noventa, pero en realidad desde mucho antes.

Analiza el funcionamiento estructural del sistema energético mexicano y sus vínculos con el crecimiento, la estabilidad y el desarrollo, así como las motivaciones que dieron lugar a la reforma constitucional de 2013. Se examina el impacto de la reforma en Pemex y las repercusiones de distribuir con actores privados que sobrelleva la apertura mercantil, derechos y obligaciones del Estado en la explotación y aprovechamiento de los hidrocarburos propiedad de la Nación. Se advierte que la reforma agrava la creciente disfuncionalidad estructural, pues no ofrece salida a la concentración extrema del sistema energético; prioriza las actividades primarias y margina las de transformación industrial; refuerza el sesgo exportador de crudo e importador de derivados del petróleo; agrava la carga fiscal y la quiebra financiera latente de Pemex; y cede al mercado la inserción del sistema energético nacional en la transición energética global.

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La reforma energética significa un cambio de paradigma. Su esencia es la apertura jurídica e institucional, casi irrestricta, a la inversión privada, el repliegue en las funciones de exclusividad del Estado y la reducción del ámbito de soberanía de la Nación sobre los hidrocarburos. Sus impulsores dan por hecho una reacción favorable de la inversión privada, especialmente la extranjera, convergente además con el interés nacional. Asumen, sin demostración o evidencia, salvo recurrir a argumentos doctrinarios de mercado, que será posible maximizar la explotación de hidrocarburos, generar mayores ingresos del gobierno y revertir la tendencia decreciente del excedente petrolero. Ante la atonía crónica de la capacidad instalada de refinación y de petroquímica, se acentúa el sesgo exportador de petróleo crudo, característico del sector energético mexicano durante las últimas tres décadas. El nuevo paradigma petrolero así forjado constituye un retorno al prevaleciente hace un siglo, no muy diferente al de un enclave colonial primario exportador, soportado por la expectativa de que la inversión extranjera directa permitirá fortalecer el horizonte de explotación de los hidrocarburos.

Con el controvertido arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se vislumbra una reorientación de la política económica que no dejará de influir en la perspectiva global. Aunque el país está próximo al pleno empleo, se ofrecieron diversas medidas aisladas, cuyo conjunto se asemeja a un amplio paquete de estímulo: expansión fiscal integrada por cuantiosas reducciones de impuestos y un aumento considerable del gasto, en especial en defensa e infraestructura; desregulación agresiva a favor de las empresas extractivas y financieras, disposición a proteger en forma activa a las empresas frente a la injusta competencia externa. El objetivo declarado es duplicar la tasa de crecimiento y multiplicar el empleo, en especial en las manufacturas. Este artículo revisa algunas de las primeras reacciones y el enfoque de las instituciones multilaterales, para enfatizar la fragilidad de algunas de las propuestas y ponderar el alcance de sus repercusiones.