El presente artículo contiene un análisis sobre la forma de aplicar la justicia penal en adolescentes, tomando como base el principio de interés superior del menor para garantizar el respeto a sus derechos. El contexto a estudiar es el año 2016, momento en que entra en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, hasta 2020, con el fin de observar cómo ha sido el proceso en los adolescentes a partir de este ordenamiento jurídico y cómo se promueve la prevención del delito en adolescentes. Finalmente, se presentan las consideraciones finales con el fin de apoyar en la mejora de la aplicación del sistema integral de justicia y garantizar la reintegración de los adolescentes.

Exterior aplicaciones de motivo zoomorfo (serpientes), engobe blanco zonificado puntos sobre el cuerpo de las aplicaciones, dos líneas negras en la parte superior. Interior franja de engobe blanco y banda con diseños lineales. La forma de este recipiente de cuero semiglobular, borde recto, labio biselado externo y dos aplicaciones opuestas.

No abstract

El presente artículo tiene como finalidad identificar la efectividad de los instrumentos de protección jurisdiccional de los derechos colectivos en México, a partir de un análisis compara- tivo que se realice de los ordenamientos de los países de América Latina tales como Brasil, Argentina y Colombia.

El presente artículo tiene el propósito de revisar la construcción del concepto de Estado social y democrático de derecho en Colombia; concepto sobre el que es necesario elaborar un análisis que lo comprenda como categoría jurídica y como categoría política del constitucionalismo, es por ello que se partirá desde la intervención estatal que se produce en pro de las garantías de derechos fundamentales, puesto que este resulta ser un elemento imprescindible dentro de este modelo estatal. De igual mamera, se hará especial énfasis en el caso jurídico colombiano, pues dentro de este, el concepto de Estado social y democrático trajo consigo un fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico frente al funcionamiento de cada una de las ramas del poder público, las cuales consolidan sus funciones al generar protección social como consecuencia efectiva del mandato de la Constitución Política. Así, la rama judicial —en cabeza de la Corte Constitucional como guardián de la carta— crea las condiciones de interpretación que se traducen en la concreción de la norma superior; la rama ejecutiva entiende que debe intervenir para garantizar los derechos fundamentales; y el legislador —manifestación máxima de la democracia constitucional— debe motivar su libertad de configuración normativa en consonancia con la Constitución.