Actualmente, los derechos humanos enfrentan un difícil proceso de aproximación a su disfrute efectivo. En la doctrina y en la legislación, hay un notable desarrollo declarativo sobre los derechos humanos. Sin embargo, el gran problema tiene lugar cuando las personas intentan ejercerlos y disfrutarlos, porque no hay condiciones óptimas para esto.
Algunos de los derechos humanos “más esenciales” pueden volverse realidad, si los ubicamos en el contexto del derecho humano a la familia, que como nuevo derecho humano, tiene la capacidad para servir como derecho motor para el ejercicio de otros derechos humanos que no tienen mejor escenario para su disfrute que la familia.
Se aborda la relación entre los postulados de la teoría democrática del “coto vedado” y la participación ciudadana frente a la inseguridad social, ya que dicha teoría postula límites en el ejercicio de la democracia para la toma de decisiones, ya sean públicas o privadas, que deben ser realizadas teniendo en cuenta los límites infranqueables que constituyen el llama-do “ámbito de negociación”, constituido por aspectos inamovibles dado su carácter fundamental o axiológico. Esos límites y ese “ámbito” de lo negociable representan, contrario sensu, una posi-bilidad de tomar decisiones (y de actuar) por parte de agentes de la sociedad (generalmente ciu-dadanos, pero pueden también ser gobernantes) a efecto de corregir problemas sociales, como la inseguridad. El punto de discusión sobre lo anterior consiste en determinar si el coto vedado podría ser maleable o no y, en caso de serlo, determinar si en la realidad podría tener un impacto deseable en la solución de ciertos problemas sociales, para lo que se analizan los casos de inse-guridad pública en México y Colombia.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.