La informatización del proceso judicial es una realidad en diferentes países. En el Perú, este proceso viene implementándose paulatinamente; no obstante, encuentra un serio obstáculo en la sociedad peruana donde la brecha digital entre excluidos e incluidos digitalmente es alta. El problema se agrava cuando las nuevas tecnologías son utilizadas como herramientas en el proceso penal donde derechos fundamentales son discutidos. En el presente trabajo se analiza el proceso de informatización del sistema de justicia peruano, demostrando graves falencias al no considerar este proceso, la brecha digital existente.
El mercado de cines en el Perú está en constante crecimiento, uno de sus principales ingresos deriva de la exclusividad que tienen para vender bebidas y alimentos dentro de su local comercial; por ello, estas empresas prohibían el ingreso de estos productos a las referidas salas si eran adquiridos fuera del local comercial. En el año 2018, la Sala de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), consideró a esta prohibición como una cláusula abusiva de ineficacia absoluta, bajo el argumento de vulnerar el derecho de elección del consumidor. Si bien la Sala de Protección al Consumidor explica su postura, nosotros consideramos que esta restricción que las empresas establecieron, está justificada y se ampara en el derecho a la libertad de empresa previsto en el artículo 59° de la Constitución Política del Perú. En el presente trabajo, se determina que el pronunciamiento de la Sala, además de vulnerar el derecho a la libertad de empresa que ostentan Cinemark y Cineplex, generará más perjuicios que beneficios a los consumidores.
La constitucionalización del derecho es un fenómeno presente en la mayoría de ordenamientos jurídicos de nuestro continente; sin embargo, este proceso, bastante celebrado en diferentes países, trae diversos asuntos que merecen ser analizados. En el presente trabajo, discutiremos el proceso de constitucionalización del derecho, para demostrar algunos riesgos que la interpretación principiológica, predominante en los estados constitucionalizados, trae consigo.
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