A través del estudio de caso del exilio de Alicia Partnoy en los Estados Unidos (1979-1983), el presente artículo propone examinar distintas problemáticas en torno a las condiciones de posibilidad para las actividades de denuncia pública de sobrevivientes de espacios de detención clandestina durante la última dictadura argentina (1976-1983) y luego exilados en un contexto de intenso activismo en las redes trasnacionales de derechos humanos (1979-1981). Se pretende observar la importancia de las estructuras de inserción social y política en el exilio, y la construcción de tramas vinculares en clave humanitaria como vías para una exposición pública legitimada. Se analizará así el desarrollo de distintas prácticas políticas llevadas a cabo por Alicia y la centralidad que adquirió en ellas la historia vivida recientemente en sus detenciones durante el gobierno de facto. También, se abordará la manera en la que el contexto de producción de esa militancia tuvo injerencia en su recomposición subjetiva e identitaria. Finalmente, el recorrido por su trayectoria permitirá examinar algunas de las vicisitudes en el proceso de construcción de la “legitimidad” de la palabra del/la sobreviviente en el exilio.
El artículo analiza la trayectoria de una serie de expedientes por casos de desapariciones forzadas y torturas iniciada en la justicia federal de Viedma durante 1985 y las disputas que dio el juzgado de aquella ciudad para investigar. Centrado en un territorio alejado de las grandes urbes pero que fue estratégico para el gobierno de Raúl Alfonsín, este estudio a escala reducida tiene como objetivos aportar a la conceptualización sobre lo incierto, lo indefinido y disputado del contexto transicional, y destacar el rol central que tuvieron ciertos actores locales para garantizar justicia, como fue el caso del juez federal Juan Pablo Videla, los organismos de derechos humanos de la provincia y un grupo de víctimas de la capital de Río Negro. La hipótesis es que el juez Videla, relacionado con el movimiento humanitario de la región, hizo lugar a los recelos y temores que existían en este sector en cuanto al problema de la competencia de los tribunales militares para juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y vehiculizó sus expectativas de justicia tensionando los límites del programa del ejecutivo nacional y de la legislación establecida para el tema.
Tomando como fuentes las actas de las audiencias y la sentencia del juicio oral, el artículo examina la evolución de la causa “Camps” (44/86) en los primeros años luego del retorno a la democracia en Argentina (1984-1987). Este juicio fue el único de mediados de los años ochenta en el que se condenó de manera conjunta a jefes militares, a cuadros de mando intermedio y a subordinados en la jerarquía policial, y el primero que produjo un pronunciamiento jurídico civil sobre la cuestión de la obediencia debida. Se sostiene que la causa 44 supuso un escenario de continuidad en término de actores, conceptos, ritos y prácticas con respecto al Juicio a las Juntas, y que al profundizar las investigaciones sobre los cuadros operativos, al producir una sentencia y, de ella, un pronunciamiento jurídico sobre cuestiones trascendentes que hacían a la cuestión del juzgamiento del pasado represivo en aquel contexto, el juicio y, principalmente, su desenlace se volvieron factores importantes en los conflictos que precedieron a las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
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