La institución parroquial, pilar fundamental en la historia de la Iglesia, cobra importancia como fuente generadora de documentos a mediados del siglo XVI con las normas canónicas que emanan del Concilio de Trento, celebrado entre 1543 y 1562, al legislarse diversos capítulos sobre la vida y la actividad parroquial. Esta circunstancia implica que la parroquia sea fuente de producción documental tanto activa como pasiva, siendo los legajos de documentación que se conservan en sus archivos un patrimonio de cada parroquia.Desde sus inicios a la parroquia se le atribuyen funciones administrativas, necesitando una persona encargada de la gestión de sus bienes. El máximo responsable de la administración económica de la parroquia era el mayordomo, figura encargada de la explotación de las propiedades, cobro de las rentas y control de los gastos, debiendo reflejar su gestión en diversos libros contables, cuyos datos eran luego vertidos por un notario en el libro de Quentas de Fabrica al objeto de proceder a la oportuna revisión. En efecto, periódicamente estas cuentas eran revisadas por el obispo o persona designada al efecto, quien emitía un dictamen sobre las mismas y dictaba los mandatos necesarios tanto en los aspectos relacionados con el culto como en los económicos. De acuerdo con lo señalado, se trata de una contabilidad privada llevada por el mayordomo, por cuenta ajena, cuyo objeto era conocer la marcha de las operaciones de ingresos y gastos de la parroquia, así como el de preparar la rendición de cuentas a los propietarios de los bienes administrados.A través del estudio de una figura de gran relevancia desde el punto de vista económico-contable en la institución parroquial, como es el mayordomo, se persigue contribuir al enriquecimiento de la historia de la contabilidad en el terreno eclesiástico. Para ello en el presente trabajo pretendemos poner de manifiesto las funciones del mayordomo parroquial y sus implicaciones económico-contables, a través del análisis de los libros de cuentas y otra documentación contable, así como de los libros de Quentas de Fabrica que debía presentar el citado mayordomo al obispo o visitador general en las visitas que realizaba a las parroquias, tomando como ejemplo la parroquia de la Villa de Agüimes, en la isla de Gran Canaria, durante el periodo 1730-1830.
RESUMENResulta ampliamente aceptado entre los historiadores que la nobleza jugó un significativo papel en el desarrollo económico de nuestro país durante el denominado Antiguo Régimen (siglos XVI al XVIII). Estos privilegiados gozaban de poder político y prestigio social, quedando bajo su propiedad buena parte de la tierra cultivable. A pesar de su importancia económica, la investigación histórica en Contabilidad nobiliaria española resulta escasa. De ahí que diversos autores hayan realizado llamamientos sobre la falta de conocimiento respecto a los sistemas contables empleados para la gestión de los patrimonios nobiliarios absentistas. Este trabajo tiene como objetivo exponer el sistema contable implantado en el estado condal de La Gomera (Islas Canarias) durante un periodo de tiempo en el que el señor no residía en su señorío, pero explotaba directamente sus propiedades gracias a la ayuda de sus agentes delegados. Analizando sus registros contables, reconstruimos la economía del señorío y su organización administrativa, demostrando que el propósito principal del sistema contable era controlar la actuación del administrador gomero y establecer su responsabilidad ante el señor. ABSTRACTIt is widely accepted among historians that aristocracy played a significant role in the development of the Spanish economy during the Ancient Regimen (Sixteenth to Eighteenth Centuries). Being the owners of most of the agricultural land, nobles had social prestige and political influence. Despite their economic significance, historical research is scarce on Spanish aristocratic accounting. This is why a number of writers have called attention to the lack of evidence about the accounting systems used in the running of the properties of the absentee nobles. This paper is aimed at revealing the accounting practices used in the condal estate of La Gomera (Canary Islands) in a period during which the landlord did not live on his estate, but relied on agents to exploit his domain directly. Analysing the accounting records, we reconstruct the economy of the estate and the administrative organization, suggesting that the main purpose of the accounting system was to control the bailiff and to establish his liability to the lord.PALABRAS CLAVE:
La importancia de los puertos radica en ser un soporte impulsor del comercio y por tanto un instrumento generador de progreso, circunstancias que hacen necesaria la intervención de multitud de agentes en la actividad portuaria. La Junta de Obras del puerto (actualmente conocida como Autoridad Portuaria) fue una de las instituciones fundamentales para el buen funcionamiento del mismo, consecuencia de ello era su normativa reguladora. Para el desarrollo y ejecución de su cometido, la Junta de Obras contaba con una financiaciónprocedente tanto de las subvenciones recibidas del Estado o de particulares, como de las recaudaciones que efectuaba de arbitrios sobre la navegación y el tráfico marítimo. La aplicación de todos estos recursos financieros necesitaba la aprobación del correspondiente presupuesto.Asimismo, esta institución estaba fuertemente regulada, jurídica, económica y administrativamente, toda vez que la normativa afecta a la misma establecía cómo debía estar organizada, como así lo muestran los Reglamentos de Organización y Régimen de la Junta de Obras de puertos de 1901 y 1903. En este trabajo se analizan los citados reglamentos desde la perspectiva económica, contable y financiera, al objeto de determinarla organización de la Junta de Obras.Para la aplicación empírica de este estudio se ha tomado como fuente primaria la contabilidad desarrollada por la Junta de Obras de los Puertos de La Luz y Las Palmas para los años 1907-1908, reflejada en su primer Libro Diario, en el cual se registran todas las operaciones y por tanto constituye el fiel reflejo de la realidad económica del puerto. Dicho análisis nos permite mostrar la diversidad de operaciones económicas realizadas por la Junta en el intervalo temporal objeto de estudio, así como los movimientos de capitales que constituyeron su financiación y la posterior inversión de los mismos. Este estudio será la base para contrastar la realidad económica con las obligaciones impuestas por la normativa vigente en el período analizado.
La Iglesia Católica al estar gobernada por el Papa, Concilios y los prelados origina una documentación muy particular para dejar constancia de sus actos y decisiones. En el caso concreto de la parroquia, hemos de indicar que dicha institución es fuente de producción documental tanto activa como pasiva, siendo los legajos de documentación que se conservan en sus archivos un patrimonio de cada parroquia. La producción activa comprende todos aquellos documentos que se generan en el desarrollo de la actividad parroquial: sacramental, pastoral y administrativa, entre otras. Por su parte, la información recibida en la parroquia de las autoridades eclesiásticas y organismos civiles: comunicaciones del obispo, cartas pastorales, nombramientos, etc. pasan a configurar la denominada documentación pasiva.Los archivos parroquiales surgen "como resultado de la revalorización que el Concilio de Trento dio a los siete sacramentos católicos, y al deseo de la Iglesia por registrar todo acto sacramental de ámbito social 1 ". De tal forma, que en atención al Concilio los párrocos debían anotar, conservar y custodiar cuantos libros fueran necesarios para la constancia y testimonio del ejercicio de su ministerio.Consecuentemente, la antigüedad de e stos archivos data, normalmente, de la aplicación de las normas tridentinas, que en España se convirtieron en ley por la Real Cédula de 12 de julio de 1564 en la que se contempla la obligatoriedad de reflejar y custodiar los actos sacramentales.Sin embargo, con anterioridad al Concilio de Trento, como señalan Acosta y Rodríguez 2 , ya se conservaban documentos en los archivos parroquiales de Canarias, motivado por las Sinodales dadas en 1497 por el obispo D. Diego de Muros. En dichas Sinodales se recogía la obligatoriedad de los curas de llevar un libro en el que se reflejase los datos de los bautizados, el cual debía ser guardado y custodiado en el lugar principal de las parroquias, es decir, el Sagrario 3 .
La división territorial de la Iglesia en partes confiadas a un obispo para que las administre da lugar a la diócesis. La actividad que desarrolla el prelado en el gobierno de su diócesis origina una gran masa documental -tanto generada como recibida-la cual constituye el punto de partida de los archivos diocesanos.El Concilio de Trento supuso un gran impulso para los archivos diocesanos al legislar que los obispos debían tener archivo público en el que se custodie con toda seguridad la documentación perteneciente a la dignidad episcopal y exigirles residir en su diócesis, puesto que con carácter general hasta la celebración del Concilio los prelados no residían en su obispado. Con anterioridad a las normas tridentinas las disposiciones de la Iglesia eran casi inexistentes y se reducían a la praxis de la Curia Pontificia, y es a partir de Trento cuando podemos señalar que existe una verdadera y sistemática política archivística de la Iglesia.
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