Climate-induced relocation is expected to become an adaptive response for one sector of the society that is otherwise already in a vulnerable situation and often living in remote areas, that is, Indigenous Peoples. Several Latin American countries have referred to planned relocation or managed retreat as one of their adaptation strategies within their Nationally Determined Contributions to the United Nations Framework Convention on Climate Change. However, a gap in academic analysis exists regarding not only the potential impacts but also the consequences of climate-induced planned relocations both in the broader context of Latin America and in the specific case of Indigenous Peoples living in that region. In addition, academia has so far underexplored the adverse impacts of managed retreat on Indigenous Peoples, such as the loss of a sense of community, culture, and traditional knowledge. Against this background, this article offers an overview on two key cases of climate-induced (planned) relocation of Indigenous Peoples in Latin America and the Caribbean (the Gunayala people in the San Blás archipelago in Panama and the case of the densely Indigenous-inhabited Mexican state of Chiapas), explores whether managed retreat has been or may become a tool or a threat, and provides a list of specific policy recommendations to be taken into consideration in similar cases.
Los impactos del cambio climático afectan, directa e indirectamente, a los patrones de movilidad humana. De hecho, existen ya ejemplos de migraciones climáticas alrededor de todo el planeta. Las migraciones climáticas transfronterizas son especialmente relevantes, pues uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las personas que huyen de sus países a causa del cambio climático, junto con otros motivos, es el escaso reconocimiento de su situación por el derecho internacional y, en consecuencia, la falta de protección jurídica. Ante este vacío, en el presente artículo se analiza la posible aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, mediante dos formas, por un lado, como garantía básica de los derechos fundamentales de estas personas y, por otro, como fundamento para exigir la responsabilidad internacional de los Estados contaminantes, ante las violaciones de los derechos humanos que experimentan los migrantes climáticos.
El cambio climático contribuye a complicar el panorama de la degradación ecológica y ambiental a escala global y trae consigo un incremento de los riesgos para las poblaciones humanas en distintos ámbitos. La migración se contempla como una opción, a menudo la única, realista ante distintos escenarios climáticos y de pérdida de calidad ambiental. Este artículo tiene como propósito proponer un modelo mediante índices para la identificación de regiones con potencial expulsor y receptor de poblaciones humanas. No se presenta evidencia empírica, sino más bien un planteamiento susceptible de ser instrumentado para tales fines. En términos metodológicos, el presente se ubica en la tipología exploratoria, descriptiva y documental, conformando un trabajo propositivo en técnicas de análisis regional para su posterior aplicación.
Los impactos adversos de la crisis climática ya nos están afectando, sobre todo a las poblaciones más vulnerabilizadas en el Sur global. En este contexto, aunque se ha avanzado en el análisis y el reconocimiento de estas realidades, todavía quedan algunas cuestiones pendientes de resolver. Una de estas cuestiones es la de la protección jurídica. Aunque se está avanzando tímidamente, en la actualidad, quienes se trasladan como consecuencia de los efectos adversos de la crisis climática continúan sin estar suficientemente protegidos y protegidas. Una de las propuestas más llamativas para solventar este vacío ha consistido en la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo de Nueva York (1967). En el presente artículo se analizan las migraciones climáticas y se presenta la propuesta del “refugio climático”, sobre la que se detallan sus orígenes y las limitaciones jurídicas, políticas y desde el punto de vista de las propias personas afectadas. Se concluye que, si bien esta vía de protección es importante y necesaria, no es (ni será) suficiente para garantizar la seguridad de todas las personas migrantes climáticas. Además, muchas de las personas directamente afectadas la rechazan, por lo que es necesario poner la atención en el desarrollo de otros mecanismos y estrategias que puedan activarse a corto plazo.
A partir de la Revolución Industrial, caracterizada por el incremento en el uso de combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, comenzaron a aumentar exponencialmente. Una de las consecuencias del aumento de estos compuestos en la atmósfera es el calentamiento global. Como explican desde el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC): "[e]l calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado". 1 El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación DER2016-80011-P "Constitución climática global: Gobernanza y derecho en un contexto complejo", financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 1 GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (2016). Cambio climático 2013. Bases físicas. Resumen para responsables de políticas. Ginebra: IPCC.
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