I. INTRODUCCIÓNDesde que surgieran los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales democráticos tras las elecciones de marzo de 1979, los grupos políticos locales han sido, primero, una realidad fáctica y, después, un instituto (llamémoslo así, de momento) reconocido y regulado por nuestro ordenamiento jurídico, que por carecer de precedentes en nuestro Derecho histó-rico supone una novedad más del régimen local.Lo cierto es que los grupos políticos locales -importantes, sin duda, para la vida ordinaria de nuestras Corporaciones locales-están pasando sin pena ni gloria por las páginas de nuestra literatura jurídica, que apenas dedica -con la salvedad de la excepción que confirma la regla 1 -unos párrafos, básicamente descriptivos, de su régimen jurídico, cuando realmente constituyen, a nuestro modo de ver, el sistema nervioso de toda institución local, habida cuenta de que todas las iniciativas, posiciones y decisiones parten o pasan por los grupos políticos, que forman -que deben formar, mejor debería expresar-los concejales y diputados provinciales, antes de ser debatidas y adoptadas en el seno del Pleno correspondiente.Desde que iniciara su andadura la presente etapa constitucional, son numerosos los problemas jurídicos que se han suscitado con estas figuras político-jurídicas y, por ello, existe ya una abundante y detallada jurisprudencia a la que se hará alusión al analizar los distintos apartados en que se estructura el presente trabajo. El mismo concepto, la denominación, la obligatoriedad de su pertenencia, el número mínimo de electos locales que se precisa para constituir un grupo, la expulsión o abandono del grupo por 123 1 Véase, in totum, el espléndido trabajo de Enrique BELDA PÉREZ-PEDRERO, «Los grupos políticos en Ayuntamientos y Diputaciones», nº 51, RDP, 2001, pp. 226-318 REAL-2003