El presente documento expone la situación de las mujeres que han padecido la guerra y la violencia en el territorio colombiano, profundiza y expone la problemática que agrava no solo las diferentes formas de violencia como la física, sexual y psicológica sino también, la discriminación que ellas padecen. Además, se estudia el impacto de los conflictos internos que aún afligen a la población colombiana y la forma cómo las garantías en materia de seguridad se ven estancadas. De otro lado, el informe recoge el análisis para el control de las armas en materia comercial y aquellas iniciativas de paz que ha implementado el Estado colombiano y se brindan recomendaciones tanto generales como específicas en materia de paz y seguridad. Las recomendaciones se hacen en torno a la vigilancia y verificación permanente, a la destrucción de las armas convencionales elementos explosivos y municiones con el debido registro. Se concluye que es necesario efectuar un adecuado control de las armas, fijando protocolos de custodia (garantías de no proliferación) para que no reingresen a nuevos modelos de delincuencia común o armada, de igual forma, se debe ofrecer más garantías de seguridad con un enfoque amplio, para las mujeres excombatientes: mantener observadores internacionales no armados ni uniformados que tengan experiencia en asuntos de género.
Colombia transita un prolongado conflicto armado, compitiendo en el tiempo con enfrentamientos tan dilatados como el de Cachemira, que data de la separación de India y Pakistán en 1947, y el conflicto israelí-palestino, que se extiende desde 1948, año de la fundación del Estado de Israel.
Aunque políticos y académicos han acordado que el conflicto colombiano se inicia en 1964, año de constitución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sus orígenes pueden ubicarse en las luchas campesinas por la tierra de principios del Siglo XX, y en la época de “La violencia”, guerra partidista entre liberales y conservadores en la década de 1950.
El presente documento materializa de una forma sencilla un acercamiento a la actividad de caracterización para las víctimas de la policía y sus familias en el conflicto armado, e integra la definición de víctima del conflicto armado en cabeza de las personas que integran la Policía Nacional.
Así mismo, todas las víctimas sin excepción, y con especial énfasis en este enfoque diferencial requieren verdad, justicia (ya sea judicial o extrajudicial), reparación integral y garantías de no repetición. La reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia tiene que ser integral en el sentido que ha indicado la Corte Constitucional al explicar el principio de igualdad desde un enfoque diferencial, reconocido en la Ley 1448 de 2011, todo ello visto desde un concepto claro del conflicto armado, lo cual puede ser reconocido como de tipo político, jurídico y sociológico que dan lugar a diferentes formas de explicación a través de distintas profesiones y sus puntos de vista (Mejía Azuero, 2013).
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