Este artículo busca presentar a una audiencia local cómo funciona la adjudicación de derechos sociales y económicos en la Constitución sudafricana y qué lecciones podrían aplicarse al redactar la nueva Constitución chilena. Identificamos y reseñamos los dos principales factores subyacentes de todo su sistema: La diferencia notable entre las autoridades públicas en la implementación de políticas que operacionalizan estos derechos y la llamada prueba de razonabilidad. Dadas las diferencias en la cultura legal, el sistema político y las expectativas que la gente tiene de la nueva constitución, sería difícil copiar estas instituciones y trasplantarlas a Chile.
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