El presente artículo expone la regulación actual del régimen penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos, dado que es menester destacar la importancia que tienen las entidades e instituciones públicas y privadas, vinculadas o asociadas a esta función, en el reconocimiento de garantías, salvaguarda de derechos, otorgamiento de beneficios intra o extramurales, así como en la rehabilitación, reinserción y restablecimiento de derechos del sujeto privado de la libertad. Por tal motivo, el objetivo de este opúsculo radica en mostrar la perspectiva actual del sistema penitenciario y carcelario en Colombia, a partir del método hermenéutico, mediante el cual se logra interpretar la aplicación de instrumentos internacionales que existen en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos; establecer su relación con las políticas de protección y resocialización de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios del país; y ofrecer, como resultado final, la implementación de estos postulados en el nuevo esquema del derecho penitenciario, centrado en la construcción de un proyecto de vida para el penado, por medio de recursos personales, el apoyo familiar y el acercamiento efectivo de las entidades e instituciones intervinientes, tendientes a lograr su resocialización plena.
El Estado colombiano se ha visto inmerso en múltiples casos de responsabilidad estatal por el uso de armas de fuego de dotación oficial con ocasión del conflicto armado interno. Estas situaciones se han visto reflejadas en casos especiales, como el de la masacre de Mapiripán vs. Colombia o la masacre de la Rochela, que fueron decididos en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dada la ausencia de garantías por parte del sistema judicial colombiano para promover y adelantar un proceso penal sin dilaciones justificadas que permitiera reconocer su responsabilidad, reparar integralmente a las víctimas y juzgar de manera ágil, oportuna y de fondo tanto a los autores y coautores de la comisión de la conducta punible como a los colaboradores e intervinientes de las actividades delictivas desplegadas para la consumación efectiva de estos hechos (Corte Interamericana de Derecho Humanos, 2014). La anterior situación ameritó la formulación de la siguiente pregunta de investigación en el marco de la responsabilidad estatal por uso de armas de fuego de dotación oficial cuando se atenta contra la población civil dentro del conflicto armado interno colombiano: ¿en qué casos opera el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por uso de armas de fuego de dotación oficial dentro del conflicto armado interno?, respecto de la cual se determinó su abordaje a partir de la siguiente estructura: 1) identificación de la responsabilidad del Estado colombiano en el conflicto armado interno, 2) análisis de la evolución del régimen de responsabilidad estatal por uso de armas de fuego de dotación oficial y 3) establecimiento de la responsabilidad del Estado colombiano por uso de armas de fuego de dotación oficial con ocasión del conflicto armado interno. El alcance de estudio de la presente investigación es analítico-explicativo, pero parte de un enfoque descriptivo que da a conocer las categorías básicas integradoras de la responsabilidad del Estado; de esta manera, el estudio pasa por los títulos de imputación jurídica que determinan su configuración en casos de uso de armas de fuego de dotación oficial, hasta llegar a la revelación del encuadre que sistematiza los casos de responsabilidad del Estado por uso de arma de fuego de dotación oficial con ocasión del conflicto armado interno, para finalmente llegar a la conclusión de que se debe revisar cada caso concreto para regular de forma clara y específica la resolución de conflictos que se promueven en la materia desde la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción penal ordinaria.
La presente investigación tiene como fin dar a conocer el alcance de la Responsabilidad del Estado en casos de reclusión al interior de establecimientos penitenciarios y carcelarios, desde la óptica de los Derechos Humanos, para lo cual el desarrollo de este opúsculo se estructura desde la revisión de distintos regímenes de responsabilidad en materia estatal, pasando por el estudio del daño antijurídico como fundamento fáctico, epistemológico y constitucional de la responsabilidad del Estado en Colombia. Para posteriormente, llegar a la concreción o consolidación la responsabilidad del Estado Colombiano en materia penitenciaria y carcelaria, con fundamento en los Derechos Humanos. El resultado del proceso investigativo está enmarcado en distintas fuentes de información, tales como Tratados y Convenios Internacionales, el texto Constitucional en sí mismo, Jurisprudencia de orden local, nacional e internacional, y Doctrina enmarcada en autores del derecho de amplia y conocida trayectoria en el ámbito nacional e internacional; todo ello derivado de un tipo de investigación cualitativo con enfoque analítico-descriptivo, fundado en el estudio hermenéutico de las fuentes de información recolectadas.
El presente artículo busca auscultar por los efectos del acuerdo de paz celebrado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en el reconocimiento de la familia homoparental, en donde han sido los derechos a la libertad e igualdad bastiones filosóficos y normativos de vital importancia para la equiparación de derechos de este tipo de familia en el marco del Estado social y democrático de Derecho. Así mediante un análisis de tipo hermenéutico, en donde se tomarán fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, se permitirá concluir que es el Acuerdo de paz es un verdadero marco de consenso para la garantía de los derechos de las familias homoparentales.
Debido al inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, el Congreso de la República adoptó una serie de medidas constitucionales en aras de garantizar la efectividad y el cumplimiento de los acuerdos. Las medidas consisten en actos reformatorios de la Constitución a fin de otorgarle mayor grado de seguridad jurídica. A partir de la teoría de sustitución aplicada por la Corte Constitucional, el presente artículo detalla cómo las normas de derecho internacional humanitario han sido el núcleo esencial para el examen de constitucionalidad, además de piezas interpretativas fundamentales para la adaptación del marco jurídico del Acuerdo a la carta política, sin que se sustituyan elementos definitorios fundamentales de la Constitución Política.
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