Este trabajo analiza algunos de los dispositivos manejados por ciertas instituciones públicas asistenciales del centro de México para atender a los llamados niños en riesgo, desde 1960 hasta la primera década del siglo XXI. Partiendo de los conceptos de racionalidades políticas y tecnologías de gobierno, aborda las transformaciones que han experimentado y que dan cuenta del tránsito inacabado que ha llevado de una forma de atención disciplinaria (representada por una asistencia masiva, indistinta y asistencialista) a otra de control (representada por una asistencia gerencial y menos terapéutica), lo cual ha derivado en un creciente proceso de desamparo estatal hacia estos niños, al tiempo de criminalizar a algunos grupos de ellos.
El texto muestra algunas posturas polarizadoras de cortes negativas que se presentan en las representaciones de periodistas mexicanos en sus notas informativas sobre un niño sicario detenido en 2010 por miembros del Ejército mexicano y un adolescente youtubero asesinado en 2017, presuntamente por órdenes de un líder narcotraficante. Estas polarizaciones se cristalizan en ciertas ideas que tratan de transmitir en sus lectores. Para evidenciar esto, se toman como base varias columnas publicadas esencialmente en dos diarios de circulación nacional, las cuales fueron interpretadas a la luz de la sociología cultural. Dentro de los principales hallazgos identificados, destaca el hecho de que independientemente de las formas en que los periodistas representaron al niño y joven mencionados, todas reenviaban a posturas negativas de ellos. Se concluye, entre otras cosas, que al reproducir posturas de este tipo en los diarios nacionales, los comunicadores pueden llegar a inducir la estigmatización de los sectores más vulnerables.
En este artículo se analizan algunas ideas de las autoridades de las preceptorías del Estado de México para explicar la existencia de jóvenes con conductas antisociales entre los sectores populares, con base en una investigación cualitativa realizada en el año 2016. Se destaca que tales autoridades consideran que estos jóvenes se orientan hacia tales conductas, tanto por cambios personales como por situaciones sociales que enfrentan, otorgándole la responsabilidad a ellos y a sus familias, sin considerar los factores estructurales.
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