“…También en España el porcentaje de víctimas de trata laboral oficialmente identificadas se ha venido incrementando en los últimos años, ascendiendo a 602 de las 2.146 víctimas que hasta el año 2020 reportó como formalmente identificadas el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Oganizado (CITCO), el 28 % del total, representando el 35% del total de las identificadas en 2019 y el 36% en 2020 (CITCO, 2021) En tales circunstancias, aun cuando se ha indicado que la literatura académica que contiene estudios empíricos sobre trata laboral es limitada, fragmentada, de carácter descriptivo y con obtención de evidencias de escaso valor (Cockbain, Bowers y Dimitrova, 2018), no sorprende que de cada vez se le dedique más atención desde la academia. Son estudios que demuestran que la trata y la explotación laboral se producen en multitud de sectores productivos caracterizados por los escasos requerimientos de capacitación profesional y la alta estacionalidad, como la agricultura, la industria alimentaria, la restauración, la construcción, la industria pesquera, la minería, la venta ambulante, los servicios de limpieza o la servidumbre doméstica (Crane et al, 2019;Davies, 2019;Davies, 2020a;Davies, 2020b;Davies y Ollus, 2019;Jokinen, Ollus y Aromaa, 2011;Leotti et al, 2014;Lloyd, 2020;Ollus, 2016;Ollus, Jokinen y Joutsen, 2013;Van Meeteren y Hiah, 2020;Vandekerckhove et al, 2003;Van Meeteren y Wiering, 2019). Y que junto a ello, apuntan a que constituye un fenómeno criminal que debe abordarse desde un punto de vista económico, porque se origina por razones estructurales propias de nuestro mercado de trabajo (Center for the Study of Democracy, 2019; Davies y Ollus, 2019;De Vries, 2019;Lloyd, 2020;Ollus, 2016;Schumann, 2020;Spapens, 2018).…”