“…Psicología y Derecho aúnan posiciones teóricas, metodológicas y aplicadas para entender los factores propios de las personas, a nivel social, psicológico, conductual, relacional, de salud, entre otros, que afectan o pueden afectar al comportamiento legal de todos los actores que intervienen en el proceso de forma directa como jurados, jueces, peritos, testigos, víctimas, agresores, investigadores, cuerpos de seguridad, o de forma indirecta como grupos de riesgo o la población en general en los estudios relacionados con prevalencia de conductas delictivas, la prevención del riesgo o la influencia de la sociedad, del barrio o de la familia en determinados comportamientos que pueden conducir a un proceso legal (González-Sala, Osca-Lluch, Tortosa y Peñaranda, 2017). Por este motivo, la psicología jurídica tiene un papel fundamental en la toma de decisiones judiciales (Amado, Arce y Fariña, 2015;Amado, Arce, Fariña y Vilariño, 2016;Arce, Fariña y Fraga, 2000) y en la resolución de temas tan lamentables y frecuentes como la violencia doméstica y malos tratos tanto en adultos (Arce, Fariña y Vilariño, 2015; Cala, Trigo y Saavedra, 2016; Contreras y Cano, 2016) como en adolescentes (Álvarez-García, Barreiro-Collazo, Núñez y Dobarro, 2016).…”