The Origins of International Investment Law

Abstract

International investment law is a complex and dynamic field. Yet, the implications of its history are under explored. Kate Miles examines the historical evolution of international investment law, assessing its origins in the commercial and political expansionism of dominant states during the seventeenth to early twentieth centuries and the continued resonance of those origins within modern foreign investment protection law. In particular, the exploration of the activities of the Dutch East India Company, Grotius' treatises, and pre-World War II international investment disputes provides insight into current controversies surrounding the interplay of public and private interests, the systemic design of investor-state arbitration, the substantive focus of principles, and the treatment of environmental issues within international investment law. In adopting such an approach, this book provides a fresh conceptual framework through which contemporary issues can be examined and creates new understandings of those controversies.

Cambio Climático e Inversiones: Esbozando estrategias de armonización para Chile

“…Será importante corregir esta falencia, ya que las controversias entre inversores y Estado podrían abarcar la regulación respecto del cambio climático, p.ej. si el Estado ofrece incentivos para proyectos de energía renovable, si el Estado crea barreras para invertir en proyectos de energía renovable 45 , restringe la emisión de carbono o prohíbe ciertas actividades económicas que generan gases de efecto invernadero 46 .…”

“…27 Sería conveniente que los tratados de promoción de inversiones incluyeran una disposición que reconociese que los inversores no pueden demandar una compensación económica por las medidas que adoptare el Estado para cumplir con sus obligaciones ambientales multilaterales, a menos que constituyeren una nacionalización o una expropiación directa 28 , y que indicasen que el impacto ecológico de un proyecto es un criterio válido para que el Estado discrimine entre inversores. 29 Cláusulas como esas significarían un aporte significativo para promover la compatibilidad de los tratados de promoción de inversiones con los acuerdos sobre el cambio climático, como el Acuerdo de París.…”

“…Aunque una parte del sector empresarial se ha resistido, la consciencia ambiental ha logrado incidir en nuestra percepción de las actividades económicas y en las expectativas de comportamiento empresarial. 33 Especialmente las inversiones destinadas a explotar recursos naturales o generar energía enfrentan estas nuevas percepciones sociales. Cada vez con más fuerza, para los inversores no sólo la regulación ambiental puede constituir un costo económico, sino también la responsabilidad por haber causado un daño ambiental y la oposición de la sociedad civil contra la inversión 34 .…”

“…Una parte de la doctrina los ha criticado con fuerza, entre otros motivos porque muchos de estos tratados no toman en consideración los efectos ambientales de las inversiones, y porque en ocasiones los tribunales arbitrales han calificado la regulación ambiental como un incumplimiento a las obligaciones convencionales. 36 En efecto, estos tratados necesariamente contienen disposiciones que protegen los intereses económicos de los inversores. Por eso, en caso de que un inversor impugne una regulación ambiental estatal, el tribunal deberá dirimir cuáles intereses preponderan en el caso concreto, si los intereses económicos (como en Tecmed 37 o Metalclad 38 ) o los ambientales (como en Methanex 39 o Parkerings-Compagniet 40 ).…”

Preventing the Regulatory Chill of International Investment Law and Arbitration

“…Host states have also been unable to uphold important rights which are in the public interest, such as the right to health 25 and the right to water 26 , since BITs are underpinned by "an absolute investment protection rationale" (Morosini & Sanchez Badin, 2018: 11). For instance, when the Argentine government warned residents not to drink contaminated water and passed regulations which proscribed that residents could be requested to pay for the water during the water crisis, the foreign corporation, which operated the facilities, successfully brought arbitration proceedings and was awarded over $100 million in compensation 27 (Miles, 2013). This pro-investor attitude is further evidenced by a case where the tribunal rejected considering the environmental objective which led to the expropriation when calculating damages 28 (Suda, 2006).…”