Palabras clave: Gobierno local, gobernanza europea, europeización, partenariado.El principio del partenariado constituye uno de los elementos clave del modelo de gobernanza que impulsa la Comisión Europea en el ámbito de la cohesión económica y social (Brunazzo 2004). Éste se inspira en el consenso sobre la necesidad de generar las condiciones de una estrecha cooperación entre los distintos actores públicos, los sectores económicos y los agentes sociales mediante la creación de redes de políticas públicas. Introducido por primera vez en la reforma de los Fondos Estructurales de 1988 y reformulado posteriormente en 1993 y 1999, el partenariado persigue un doble objetivo vertical y horizontal: la integración de los distintos niveles de gobierno, y de los actores públicos y privados en la elaboración y la implementación de las políticas contempladas. Desde el punto normativo, el partenariado se configura como una fuente de interdependencias, ya que preconiza la conexión en red del conjunto de los actores con el objetivo de mancomunar las ideas, los intereses, las competencias y los recursos financieros necesarios para la definición de los problemas y para su solución efectiva.A través de los principios y los procedimientos que la inspiran, la política de cohesión tiende a generar una doble dinámica de europeización. Por una parte, fomenta la movilización de los actores territoriales en la arena política europea; y, por la otra, favorece la introducción de nuevas formas de gobernanza destinadas a transformar los sistemas de relación entre los actores públicos y la sociedad civil. En la UE, el rol de promotor del partenariado corresponde a la Comisión Europea. En calidad de ideational entrepreneur (Kohler-Koch 2002: 3), además de la definición del principio, ésta propone estrategias institucionales, como la creación de redes, e incentivos financieros destinados a favorecer su generalización en los Estados miembros (Kohler-Koch 2002. No obstante, en la medida en que la Comisión no dispone de medios coercitivos para generar el cambio institucional, la dificultad principal consiste en determinar en qué medida el enfoque de la gobernanza cooperativa está en condiciones de atravesar las lógicas tradicionales que guían la actuación de las administraciones públicas de los Estados miembros, es decir, de modificar las rutinas establecidas, basadas en la segmentación de las funciones y las relaciones jerárquicas, favoreciendo así la integración de los actores y la movilización de los recursos disponibles.