Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos ambientales a la luz del ordenamiento jurídico ecuatoriano

Abstract

El presente es uno de los temas que incardina el Derecho penal moderno como corolario expansionismo del Derecho penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica en los delitos ambientales constituye una de las herramientas normativas de combate contra la afectación al medioambiente por parte de las empresas que se dedican a actividades sensibles a la naturaleza en particular y al medioambiente en general. El objetivo del presente artículo es reflexionar la institución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de delitos ambientales bajo la luz del ordenamiento jurídico penal ecuatoriano, destacando sus particularidades y utilizando para tales efectos el análisis sistemático y dogmático de la normativa penal. Se concluye por una parte que el debate a nivel político criminal respecto de la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el seno de la normativa penal ecuatoriana es pobre y, por otra parte, que más allá de su tipificación formal desde la vigencia de esta clase responsabilidad, aún la jurisprudencia ecuatoriana no ha dado sus primeros pasos para explicarla desde la lógica argumentativa.

La contaminación ambiental y violación a los derechos de la naturaleza

“…En este sentido, indican Píriz et al (2020) que el derecho penal ambiental por su rigidez característica, debe determinar claramente las garantías y derechos que le asisten a la persona jurídica investigada o procesada, respetando las garantías básicas del debido proceso. Sin embargo, en el medio local se destaca la insuficiencia de sustento político criminal de la inclusión de la responsabilidad de la persona jurídica.…”

Environmental Rule of Law: Tracking Progress and Charting Future Directions

“…Transnational and regional efforts to fight against environmental crime continue to grow, and increasingly take advantage of new technologies for sharing information (Stoett and Omrow 2021). Some researchers have noted a countertrend to the criminalization of environmental law: a blurring of the line between administrative law and criminal law, sometimes referred to as the 'administrativization' of criminal environmental law (Smith, Galarza and Romero 2020). The administrative process can be more agile than the criminal system, allowing administrative sanctions to be more effective in achieving environmental enforcement and actually causing a deterrence factor between violators (Smith, Galarza and Romero 2020).…”