Resistiendo a la COVID-19 y levantando las voces desde el encierro: análisis de cartas públicas de mujeres recluidas en prisiones de Lima, Perú

Abstract

Un aumento exponencial de la población penitenciaria en las últimas décadas da luces de un giro punitivo que potenció una crisis del sistema penitenciario y ubica a las personas privadas de libertad como grupo vulnerable frente a problemáticas como la emergencia sanitaria por COVID-19. En América Latina esta vulnerabilidad aumenta dado el hacinamiento y condiciones precarias de vida dentro de las prisiones. El presente trabajo recupera voces invisibilizadas dentro del sistema penitenciario y desde una metodología cualitativa, se analizan acciones de reclamo de mujeres privadas de libertad en una prisión de Lima-Perú durante los primeros meses de la emergencia sanitaria. Se sostiene que las mujeres privadas de libertad se posicionan para reclamar el abandono del Estado desde tres ejes autoidentificatorios: 1. El sentido de colectividad; 2. La resocialización enmarcada en la lógica de la categorización penitenciaria; y 3. Su rol como reproductoras de cuidado. Se concluye que estas son estrategias de despliegue de agencia y acciones propositivas por parte de las mujeres encarceladas.

Des-conectividad penitenciaria: impactos de la COVID-19 en el intercambio intra-extramuros

“…La privación de ser parte del circuito económico familiar impacta más allá de la vulnerabilidad económica de las PPL y la familia, ya que como plantea Zelizer (2013), el intercambio material carga consigo los roles desde los cuales se participa. En este sentido, los circuitos económicos involucran acuerdos sociales y se negocian incluyendo residuos del pasado y expectativas a futuro: producir para la venta permite, por ejemplo, seguir siendo un padre o una madre proveedora (Bracco et al, 2022;Fuller, 2000). Los roles y fidelidades se preservan a través del esfuerzo por seguir siendo parte de los intercambios a pesar de la distancia física.…”

“…Además, frente a la disminuida capacidad institucional para lograr prevenir que los EP se conviertan en epicentros de contagio, las acciones colectivas de reclamo por parte de las PPL formaron parte de las primeras reacciones hacia la pandemia: a través de diversas formas de organización interna, se denunciaron las condiciones de vida intramuros, la vulneración del derecho a la salud y del reconocimiento como ciudadanos, entre otros (Bracco et al, 2022;Bracco et al, 2021).…”

La COVID-19 y la afectación de derechos humanos de personas privadas de la libertad

“…Según las estadísticas, se observó un incremento en la población carcelaria a nivel mundial, con alrededor de 10.003.000 personas privadas de la libertad (Rodriguez et al, 2022), en el Perú hasta el año 2020, la tasa de encarcelamiento fue de 278 por cada 100 mil habitantes, lo que se traduce en un total de 96,870 personas bajo la supervisión del sistema penitenciario. De este total, el 95 % son hombres y el 5 % son mujeres, además, se cuenta con un total de 68 cárceles, de las cuales 14 son exclusivas para hombres, 13 para mujeres y 41 son "mixtas", con una capacidad total de albergue de 40,137 personas, se registra una ocupación carcelaria del 232 %, y se ha observado que 23 cárceles albergan a más del triple de su capacidad, según datos del Instituto Nacional Penitenciario por ende; es uno de los principales problemas en América Latina en relación a los establecimientos penitenciarios es la sobrepoblación, lo cual ha llevado al hacinamiento en las cárceles con condiciones de vida precarias e inhumanas (Bracco et al, 2022). En junio de 2020, se evidenció un nivel de hacinamiento del 126 % en los establecimientos penales del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).…”