Objeción de conciencia: entre libertades y derechos

Abstract

La Ley 21.030 de Chile despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (riesgo de vida de la mujer, malformación de carácter letal del feto y embarazo producto de violación), e introdujo por primera vez en la legislación del país, el derecho a la objeción de conciencia de los equipos clínicos que participan directamente de los procedimientos de vaciamiento uterino de las gestaciones en que concurre alguna de las tres situaciones consideradas en la Ley. Esta Ley tuvo un amplio debate social y legislativo, y a un año de su implementación podemos observar con preocupación, que la objeción de conciencia de los equipos clínicos se alza como la principal barrera de acceso a las prestaciones de salud a las cuales tienen derechos las mujeres en estas situaciones en Chile.1,2 El presente artículo espera aportar al debate nacional sobre el rol de los profesionales de salud ante el nuevo escenario jurídico-sanitario, donde el equilibrio entre las libertades personales de los profesionales y el legítimo derecho de las mujeres a poder acceder a los servicios definidos en la Ley 21.030 estén en el centro de la discusión, y se expresan como una oportunidad o definitivamente una amenaza al estado de derecho, es decir a nuestra democracia

Dilemas de la objeción de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo: revisión integrativa de literatura

“…Los textos destacan que el aborto no sólo es una decisión apegada a la lógica ciudadana del derecho, enfrentando dilemas existenciales, entre su representación laica y secular con creencias religiosas sobre reproducción humana. De este modo, la deliberación ciudadana en materia de OC, debiera respetar la capacidad moral o de acción ética de las personas, estimular la diversidad valórica y pluralidad de pensamientos e ideología, de manera que su implementación fortalezca la convivencia democrática (30) .…”

“…Finalmente, los profesionales sanitarios deben reflexionar sobre cómo lograr la convivencia del derecho a la libertad de pensamiento con la organización de servicios, de tal manera, de garantizar el ejercicio libre en un Estado de Derecho, especialmente para las mujeres. Al no lograrse, se corre el riesgo, que se promulguen leyes que permitan tanto a prestadores públicos de salud como privados ejercer OC (21,28,30) . No obstante, se espera, que las instituciones públicas cumplan con la ejecución de las políticas públicas, sin rehusarse a brindar las prestaciones; así como, establecimientos privados que reciben aporte estatal.…”

“…Primero, promover una comprensión generalizada, construir acuerdos relativos a cuestiones que pueden tener consecuencias de largo alcance; respetando la conciencia, pues la decisión de brindar u oponerse a los servicios de aborto es éticamente compleja frente a los argumentos en pro y en contra (19,30) . Reconociendo el proceso para lograr madurez cívica y democrática que reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos (30) .…”

Prevalencia y características de objetores de conciencia a la Ley 21.030 en instituciones públicas

“…Durante la tramitación legislativa de la ley, el intento de posicionar la objeción de conciencia como un derecho para el/la profesional requerido/a para realizar la interrupción, su ampliación para profesionales que indirectamente participaran del procedimiento y su invocación por las instituciones, fue el resultado de un amplio y complejo debate 2 , que fue zanjado con la sentencia del Tribunal Constitucional, organismo extraparlamentario, que extendió la objeción de conciencia a profesionales y técnicos con desempeño en pabellones quirúrgicos y a las instituciones de salud 3 . Posterior a su promulgación, se derogaron dos protocolos que regulaban su ejercicio [4][5][6] . Finalmente, siguiendo el dictamen de la Contraloría General de la República, el 23 de octubre de 2018 se publicó el Reglamento, reflejando la complejidad de la objeción de conciencia en Chile 7 .…”