Niñez migrante en Colombia: grises del aclamado estatuto temporal de protección

Abstract

En el presente trabajo se analiza críticamente el enfoque de niñez del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos adoptado por Colombia en marzo de 2021, para preguntarse si este responde a las necesidades de protección de los niños venezolanos. El Estatuto reconoce que contar con un estatus migratorio regular es un paso previo y necesario para la garantía plena de sus derechos. Por lo tanto, en un primer momento, se considera cómo el Estado colombiano respondió a algunos entre los principales retos de protección de la niñez venezolana en Colombia y se evidencian los vacíos que permanecen en estas actuaciones. Posteriormente, se profundiza en la forma en que el Estatuto pretende garantizar el acceso a un estatus migratorio regular a los niños y, con ello, la protección y garantía de sus derechos. El trabajo concluye que el Estatuto es un avance necesario pero insuficiente para la protección de los derechos de los niños migrantes en Colombia. Esto es así porque sigue perpetuando una visión limitada y sesgada de la migración y promueve la creación de un doble estándar de protección que perjudica a niños de nacionalidades diferentes a la venezolana.

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en condición de movilidad humana

“…(Rodríguez Vargas et al, 2021) De igual manera al ser un país de gran acogida de la población venezolana, las autoridades tanto nacionales como internacionales entre ellas ACNUR consideran que una de las subpoblaciones que en la actualidad migra de forma constante son niños, niñas y adolescentes en busca de o bien mejorar su estilo de vida desde su individualización y subsistencia a sus familiares o bien reunificarse con su familia; en ambos casos ya sea como un mecanismo de tránsito o de permanencia. (Pelacani, 2022) La Sentencia No. 2120-19-JP/21 de fecha 22 de septiembre de 2021, considera que la vulneración del derecho a la salud se configuró desde el momento en que autoridades migratorias omiten y niegan el registro de estos hermanos venezolanos, seguido de la omisión del acto resolutivo de la Junta Cantonal sobre las medidas de protección y la condición de solicitantes como refugiados, derivando el alojamiento en carpas que no cumplen con la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad que caracteriza al derecho a la salud en los estándares internacionales y por ende nacional, además de que se va en contra del principio de progresividad enunciado en el artículo 11 numeral 8 de la Constitución de Ecuador permitiendo la activación del aparataje judicial.…”

“…Además, se especifica que las disposiciones de la resolución deben interpretarse de la manera más favorable para el interés superior y la protección integral de los niños migrantes. (Pelacani, 2022) Al ser países conexos, las ideologías en temáticas especificas dentro del Derecho en materia de niñas, niños y adolescentes se hacen presentes, entre estos el reconocimiento a la norma principal en el marco normativo nacional que establece las medidas de protección para menores en ambos Estados, denotando que no contempla distinción sobre su nacionalidad o estatus migratorio, en concordancia con el principio de igualdad y no discriminación, aunque enfatizando que la regularización previa es el medio idóneo de efectivizar los derechos humanos.…”