Este documento pretende entrelazar tres instituciones que aunque autónomas, pueden interconectarse para garantizar mejores estándares de eficiencia, calidad y transparencia en el despliegue de los procedimientos de compra pública que se ejecutan en Colombia, ellos son: La contratación estatal, los derechos humanos y el principio democrático entendido como aquella figura que legitima toda función pública. Es una realidad que la corrupción se extiende en todas las órbitas que se erigen en el Estado. Se trata de un fenómeno que muta en escenarios económicos, políticos, jurídicos, sociales y ambientales, de forma tan trascendental que transgrede los cimientos sobre los cuales se han fortalecido los postulados del Estado social de derecho y las tendencias liberales que rigen toda la organización de Colombia. De ahí la importancia de armonizar todas las regulaciones, todos los mecanismos y todas los escenarios jurídicos, económicos y sociales que se tengan disponibles para erradicar este fenómeno o al menos mermar todas aquellas consecuencias que se evidencian con su continuo perfeccionamiento.