“…En la década de 1990 se convirtió en un problema social y en la actualidad se trata como un asunto público (Ibarra y García, 2012). Estos cambios en su definición se produjeron, en parte, por el activismo de las organizaciones feministas y de mujeres que reclamaban sus derechos al Estado, pero también por la presión que han ejercido los organismos internacionales para que estos sean garantizados y, por supuesto, porque hay respuesta institucional para responder a estas demandas (Almerás, Bravo, Milosavljevic, Montaño y Rico, 2002;Osborne, 2008;Roth, Guberek y Hoover, 2011;Almerás y Calderón, 2012).…”