La racionalidad de la gestión publica en el contexto de la reforma del Estado

Abstract

A partir de la reinstauración democrática, en el Uruguay, se debate intensamente sobre el proceso de Reforma del Estado en el sentido de su necesaria redimensión hacia un Estado eficiente.

El derecho a educarse: ciudadanía, educación y acción colectiva en la década de los noventa en Uruguay y la región

“…Uruguay, en el contexto regional, marcó su peculiaridad en la aplicación de las reformas de corte neoliberal, pero a la vez mantuvo rasgos que lo igualaron a los países vecinos. En todos los casos la Reforma del Estado fue política (Ramos, 2003), más allá del barniz tec-nocrático y de la aparente neutralidad con que se camuflaron los proyectos. Las reformas fueron portadoras de un discurso político, que en el caso uruguayo, no lograron modificar las reglas básicas de la institucionalidad del aparato estatal.…”

Desafíos de la construcción de servicios civiles en Brasil y Uruguay

“…El periodo 3, de servicios civiles en la "doble transición" (Lanzaro, 1998) hacia la democracia y la reducción del Estado, supuso para Brasil un debilitamiento de la competencia y eficacia gubernamental (Gaetani;Heredia, 2002), debido a reformas incompletas y asistemáticas, solo enfocadas en la reducción del gasto público. También en Uruguay, a principios de los años 90', se priorizó políticamente la reducción del Estado y la contención del gasto público, a partir de una agenda reformista crítica de la tradición burocrático-weberiana (Ramos, 1993;2003). Cabe mencionar asimismo las diferencias temporales en la introducción de medidas universalistas para el acceso al servicio público de ambos países, que Uruguay formuló legalmente en 1964 (si bien su aplicación efectiva sería muy escasa) y que Brasil consagró formalmente recién mediante la Constitución de 1988.…”

“…En el periodo 5, signado por el advenimiento de Gobiernos progresistas en ambos países en la década del 2000', Brasil no experimentó una reforma explícita ni consolidada, sino que transitó diversas iniciativas incrementales para la gestión del personal, con el norte de una ampliación y revalorización de la burocracia federal y sus carreras, con énfasis en reconstruir el cuadro funcionarial y fortalecer la capacidad estatal en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo, privilegiando las garantías a la estabilidad y la mejora salarial (Pacheco, 2008). Por su parte, los gobiernos progresistas de Uruguay implementaron una serie importante mas insuficiente de reformas, tendientes hacia un "neoweberianismo imperfecto", que avanza en la evaluación basada en el desempeño y en la flexibilización de las estructuras de carrera administrativa, pero sin lidiar efectivamente con los desafíos de fortalecer al servicio civil, de alcanzar la excelencia de las competencias profesionales, o de concretar una nueva cultura administrativa basada en la evaluación sistemática (Ramos;Milanesi, 2016). Rev.…”

“…Estas iniciativas apuntarían tanto a establecer barreras al avance de la política sobre la administración pública como a instalar capacidades directivas para expandir la profesionalización hacia las distintas esferas administrativas. Instalar la lógica del "mérito gerencial" implica transformaciones en las tres dimensiones del pacto tipo spoil system: las competencias ya no estarían asociadas a la pertenencia partidaria o confianza personal, las recompensas ya no están asociadas a retribuciones discrecionales o estabilidad ligada al apoyo del jerarca político, y la lealtad no dependería ya del perfil político del designado (Ramos;Scrollini, 2013).…”

“…En ese sentido, los avances han sido modestos, como lo demuestra la implantación parcial y posterior desarticulación de un nuevo sistema de carrera; la imposibilidad de formar una burocracia meritocrática de alto nivel basada en la gestión por resultados; y la desarticulación exhibida por los sistemas de evaluación de desempeño. La carrera en el sector público uruguayo no goza de prestigio o posibilidades de desarrollo profesional, para lo cual sería menester modificar la estructura de incentivos e innovar en las estrategias de captación, formación y evaluación de personal (Ramos;Milanesi, 2016). El Estatuto de Funcionario Público aprobado en 2013 registra avances en materia de condiciones de trabajo, derechos, obligaciones, recategorización de vínculos laborales y nuevos componentes de flexibilidad laboral horizontal.…”