La igualdad de género en las políticas públicas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Abstract

<jats:p>Esta es una investigación dirigida a analizar las políticas públicas de Costa Rica generadas después del mandato de la Agenda 2030, formulada en el 2015, que incluye 4 ejemplos de políticas internacionales para verificar el cumplimiento del Objetivo ODS-5 “Igualdad de género” y sus 9 metas. Se utiliza una metodología de carácter naturalista en donde se realiza el estudio de 16 documentos de políticas públicas, comparándolos entre sí y bajo la premisa de cumplir las metas formuladas por Naciones Unidas, del ODS-5. Entre los principales hallazgos se determina que solo una de las 12 políticas analizadas cumple con el 100 % de las metas, lo que implica que un 91.67 % de estas carece de una o más de ellas. La principal conclusión respecto al objetivo del trabajo es que se están dando pasos en la vía correcta respecto a la búsqueda de la igualdad de género, aunque todavía son insuficientes. Se muestran los avances y las falencias. Por lo que se recomienda hacer mayores esfuerzos por formularlas y que incluyan las 9 metas, para que nuestra sociedad se transforme en una más inclusiva, equitativa y se elimine la discriminación por género.</jats:p>

El papel del Estado para prevenir la violencia contra la mujer y garantizar su derecho a la integridad

“…Varios estudios realizados por Chen et al (2020), Voria (2019), Figueroa & Franco (2020), García-Granero (2020), Carral et al (2020), Palacios et al (2022), Ramírez (2019), Crisóstomo (2021), Coloma (2021), Alarcón & Alza (2023), y Paco & Gálvez (2020) han identificado múltiples problemas en relación con la violencia contra la mujer (VM) en Perú. Se destacan la falta de mecanismos de protección institucionales, la necesidad de involucrar a las comunidades indígenas en políticas de protección, la necesidad de un enfoque integral en las políticas públicas, la lentitud e ineficacia del proceso judicial, la falta de políticas públicas efectivas, la insuficiencia de acceso a servicios de excelencia, y la necesidad de reformar y regular el Artículo 23 de la Ley 30364 para asegurar la salvaguardia de las víctimas.…”