La configuración de la inseguridad como problema público. Prácticas, características y límites de las estrategias comunicacionales de los actores judiciales en su relación con los medios de comunicación en Argentina

Abstract

Este trabajo examina las prácticas, características y límites de las estrategias comunicacionales que ponen en juego los actores de la justicia penal al vincularse con los medios de comunicación masiva para informar sobre hechos delictivos. Considerando que el ejercicio de la democracia se relaciona con la proliferación de espacios de discusión pública y que los casos “de inseguridad” tiene un alto grado de interés e impacto en la sociedad, buscaremos examinar la percepción de los actores judiciales sobre el rol de los medios de comunicación en relación a su trabajo y su propio rol con respecto a ellos. En particular, nos preguntamos: ¿De qué manera se producen los intercambios mutuos y múltiples entre los/as jueces y los medios de comunicación en Argentina? ¿Qué estrategias comunicacionales emplean los actores judiciales al comunicar información sobre inseguridad a los medios? ¿Qué responsabilidad atribuyen al periodismo sobre la información que brindan? ¿Consideran que condicionan la acción jurídica? ¿Cómo piensan la distancia entre la justicia penal y la ciudadanía? Para desarrollar los objetivos del trabajo se emplea un abordaje metodológico cualitativo mediante la realización de entrevistas en profundidad a jueces/as penales de la Provincia de Buenos Aires de los departamentos judiciales de Morón, Quilmes y Lomas de Zamora en 2019. Creemos que los interrogantes propuestos pueden comenzar a responderse desde el campo de la sociología jurídica, el cual constituye el marco teórico de este trabajo. Algunos resultados del estudio permiten afirmar que los actores del sistema de justicia penal se centran en rutinas de producción y formas de vinculación con los/as periodistas, personalizadas, mediadas e indirectas, en las que se destaca un lenguaje técnico y opaco dirigido a quienes comparten sus códigos que, por un lado, impide el cumplimiento del derecho a la comunicación de la ciudadanía y, por otro, contribuye a incrementar la deslegitimación social en el sistema de justicia.