“…En tal sentido, y de acuerdo con lo expresado por Carloni y Gnaldi (2022), una de sus características es el reconocimiento de la responsabilidad que le cabe a todos los estamentos sociales, involucrando así, principalmente, al sector privado (Manacorda, 2014). El rol que le cabe al sector privado es, en la actualidad, imprescindible, en la medida que por medio de este se busca la cooperación con las autoridades en lo que respecta a la denuncia oportuna de este ilícito (Mantovani, 2014;Nieto, 2014), así como que las organizaciones empresariales se autorregulen en forma adecuada para disminuir la probabilidad de que se termine sobornando a funcionarios públicos para la consecución de los objetivos corporativos (Burger & Holland, 2006). Tales medidas de autorregulación se llevan a cabo mediante la incorporación mecanismos de compliance, especialmente dirigidos a la prevención de este ilícito (Teichmann, 2018;Carloni & Cantone, 2022).…”