Experiencias frente a la migración: buenas prácticas locales en ciudades sudamericanas

Abstract

Este artículo es el resultado de la investigación de dos proyectos liderados por la Universidad del Rosario, Colombia, y presenta aportes para la garantía de los derechos humanos de la población migrante. En primer lugar, desarrolla una aproximación a las características, actores y resultados de identificación del concepto de buenas prácticas en materia migratoria en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú en el periodo 2014-2018; y despliega los elementos preliminares para la construcción de una tipología de buenas prácticas con enfoque de derechos humanos a través de la ilustración de las experiencias locales en el Cono Sur para ciudades capitales, fronterizas e intermedias de los países seleccionados.La metodología empleada fue inductiva-deductiva, promoviendo un diálogo permanente entre la teoría y la práctica. Los aportes centrales de esta investigación se concentran en la identificación de ciertas tendencias en ciudades capitales, donde se oscila entre acciones coyunturales y sostenibles que inciden en la integración de la población migrante a la sociedad de acogida. En las urbes fronterizas, se evidencian los mayores riesgos y las más amplias posibilidades de apoyo de parte de las entidades estatales, internacionales y organizaciones sociales; mientras que, en las ciudades intermedias, se avizoran las mayores oportunidades a través de la incorporación de enfoques locales que incluyen la garantía de los derechos.

La migración desde una perspectiva jurídica Ecuatoriana: un enfoque en los derechos humanos.

“…Sin duda alguna, los Estados, mediante sus políticas, establecen los mecanismos y controles respectivos para el tránsito de las personas, dentro de su territorio, controlan sus fronteras, pero estos derechos deben ejercerse de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación, evitando amenazas a la seguridad personal y protegiendo los intereses de los niños y las familias (Feddersen et al, 2022). Estas gestiones han de diseñarse e implementarse desde una perspectiva de derechos humanos, incumben incluir consideraciones de diversidad y género, cooperación pública, ser conscientes de los enfoques territoriales, evitar la exclusión y ser flexibles, sostenibles y desarrolladoras de recursos (Palacios Sanabria et al, 2021).…”