“…Desde la perspectiva de la ecología política, se señalan las relaciones directas entre la conflictividad socioambiental y el modelo de desarrollo basado en la economía del crecimiento, el cual genera asimetrías no solo en la distribución de los beneficios económicos, sino también en la distribución de los costos, esto es, de los impactos ambientales. En el contexto costarricense estas relaciones se manifiestan en la ocupación territorial que diversos agentes económicos (entre estos, empresas privadas nacionales y extranjeras o entidades estatales) han realizado para acceder, apropiarse y usar nuevos recursos naturales e incorporarlos a la dinámica económica del crecimiento industrial (Folchi, 2019). Siguiendo a Aguilar, Cerdán y Granados (2018), las actividades económicas controladas por los capitales nacionales y extranjeros privados, como la minería a cielo abierto, la extensión de monocultivos, la gestión del agua, la expansión inmobiliaria de la industria turística, entre otras, complejizan la realidad socioambiental pues su avance genera diferencias significativas entre sectores sociales que no siempre llegan a un consenso sobre el modelo de desarrollo que debe primar, sobre la racionalidad que debe orientar la relación con la Naturaleza y, por ende, sobre las concepciones mismas de la Naturaleza, esto es, si debe entenderse como recursos naturales, como bienes comunes o como capital.…”