“…Es labor del Estado resguardar el cumplimiento de estos derechos, de modo que cada vez que no se cumpla o se vea amenazado, las instituciones sociales y la sociedad civil se pronuncien bajo el irrestricto reconocimiento de la dignidad de las personas (Superintendencia de Educación, 2017). En el contexto educativo y en la realidad que experimentan las y los profesionales de la educación, lo anterior resulta complejo, considerando la escasa formación inicial en estas áreas (Peña-Sandoval, 2017;Ortiz-López, 2017), unido al urgente desafío de actuar en comunidades escolares cada día más diversas, debido al ascenso del fenómeno migratorio en Chile. Existen varios factores que alteran la convivencia escolar, la relación de estudiantes, profesores y la comunidad educativa en todas sus dimensiones como, por ejemplo, las barreras idiomáticas con estudiantes haitianos (Pavez-Soto et al, 2018).…”