El ejercicio y disfrute del derecho a la desconexión digital por las personas trabajadoras resulta trascendental para salvaguardar derechos como la conciliación de la vida personal y familiar o como el derecho a la salud. En este sentido, se ha estimado necesario la potenciación de un procedimiento para la elaboración de la política de desconexión digital. Así, se ha enfocado su elaboración en los mismos términos que la elaboración de un plan de igualdad, por fases o etapas precedidas de un diagnóstico sobre la situación de partida de la empresa. En definitiva, se ha pretendido configurar un procedimiento transparente y participativo que evalúe, analice y proponga, in fine, las posibles medidas prácticas a implementar para garantizar el pleno disfrute de la desconexión digital.