El Ecuador se caracteriza por ser un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, ha firmado y ratificado varios convenios intencionales de derechos humanos, que obligan al Gobierno a adoptar medidas para evitar la vulneración de los derechos fundamentales y humano. El inadecuado sistema de rehabilitación social, la falta de aplicación de la ley y de las garantías constitucionales, el hacinamiento carcelario, el insuficiente presupuesto, la falta y antigua infraestructura, la falta de talento humano especializado, la inseguridad y violencia que se vice al interior de los centros de rehabilitación, entre otros hechos, son las causas fundamentales para que exista una reiterada vulneración de derechos. El propósito del manuscrito es, analizar la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos constitucionales y humanos de las personas privadas de la libertad sin sentencia, para el efecto se realizó, un estudio crítico de la doctrina, de la norma y la jurisprudencia. La investigación se ubica en los centros de rehabilitación social del Ecuador; para su estudio se asume el enfoque mixto; se emplea el método inductivo, histórico lógico, dogmático y jurídico descriptivo; por los objetivos que alcanzan, es una investigación pura, jurídica analítica y jurídica descriptiva; de diseño no experimental; la población involucrada está constituida por, autoridades y directivos de los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes SNAI y Jueces de Garantías Constitucionales y Penitenciaria, a quienes se les aplicó un cuestionario de preguntas cerradas; lo resultados indican, que en los centros carcelarios del Ecuador, no existe un trato humano y sin discriminación, no respeta y garantiza la integridad personal y no hay una efectiva protección de los derechos de las personas privadas de libertad sin sentencia, por lo que se concluye señalando que, el Estado ecuatoriano es el principal responsable de lo anteriormente señalado, porque no existe un control adecuado de las cárceles, tampoco hay una eficiente gestión de los Centros de Rehabilitación Social.