El reconocimiento del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud en una constitución nacional es una expresión jurídica fundamental y puede ser una herramienta esencial para respaldar y asegurar el sistema de salud como institución social básica en una democracia. Las áreas de la atención médica y sanitaria y los determinantes sociales de la salud suelen estar en una disputa entre los derechos, la dignidad, el bienestar y la mercantilización promovida por los intereses comerciales y la gobernanza neoliberal. Dichos sectores están experimentando tensiones sin precedentes para la salud y el bienestar derivadas de la desigualdad y el COVID-19. En este momento crítico, con la población votando en un referéndum para adoptar una nueva Constitución, Chile tiene una oportunidad única y democrática para garantizar legalmente el derecho al más alto nivel posible de salud de su población en su norma suprema. Esta es la voluntad del pueblo chileno, con encuestas representativas a nivel nacional, realizadas en 2020, que destacan que el 93% de los ciudadanos chilenos está de acuerdo con la afirmación “el derecho a la salud debe estar garantizado por la Constitución”. Pero ¿qué significa que una Constitución proteja el derecho a la salud? ¿Cuál es el contenido preciso de este derecho humano, cuáles son sus fuentes en el derecho internacional y cuál ha sido la experiencia de constitucionalización en otros países? Este capítulo traza la evolución de la salud como derecho humano; destaca las principales fuentes normativas del derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos humanos; y subraya que este derecho fundamental abarca los derechos a la atención médica y los determinantes sociales de la salud, sobre la base de la igualdad y la no discriminación. A partir de una revisión de literatura especializada, normativa constitucional, casos emblemáticos y el análisis de los desafíos contemporáneos del sistema de salud, este capítulo destacará las buenas prácticas, las dificultades derivadas de las protecciones constitucionales y las experiencias que pueden orientar el proceso constitucional de Chile. Particularmente, se centrará en el debate de la garantía al derecho a la igualdad y no discriminación, y la necesidad de garantizar que las disposiciones constitucionales ofrezcan protección a las poblaciones más marginadas.