Derechos humanos en España: Protección del derecho al agua en familias con problemas de asequibilidad por riesgo de pobreza y exclusión social. Análisis crítico para una reforma legal

Abstract

Aunque los principales problemas de acceso al agua se presentan en los países pobres, estos también pueden tener alguna incidencia en los países desarrollados. En este caso el problema tiene que ver fundamentalmente con la asequibilidad, es decir, con la capacidad de las familias para hacer frente al pago de la factura de agua; y ello se agrava cuando como consecuencia del impago se producen cortes en el suministro. Esta situación puede presentarse si el marco regulatorio y legal no garantiza, o no de manera suficiente, el acceso de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos a un bien básico como el agua potable. En este ensayo, a partir de un enfoque crítico, se analiza la protección del derecho humano de acceso al agua en España frente a situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social para proponer una reforma legal. Las situaciones de exclusión social justifican un tratamiento diferenciado del derecho a un bien básico para la vida, al margen del conjunto de la protección social contra la pobreza, dado que esa realidad limita las oportunidades de acceso a los mecanismos de protección social. Una primera conclusión es que en España existe una insuficiente regulación legal en relación con la protección de este derecho. Una segunda conclusión es que la descentralización normativa conduce a que las medidas de acción social en materia de suministro de agua sean muy heterogéneas, de modo que existe una desigual protección del derecho humano al agua según el lugar de residencia.

¿Recuperación económica o incremento de la desigualdad urbana? Tendencias de consumo y percepción del precio del agua en los hogares del litoral de Alicante

“…Pero por encima de las diferencias observadas entre tipologías de vivienda, hay que destacar la evolución del gasto de agua en las viviendas secundarias, conformadas en este estudio únicamente por chalets, ya que presentan los mayores módulos de consumo en ambos municipios y, además, son las que más han incrementado el consumo entre 2007 y 2017. El hecho de que este tipo de viviendas presente unos módulos mayores ha sido una cuestión identificada anteriormente en el litoral de Alicante, aunque habitualmente este mayor consumo se identificara el contenido mínimo de las obligaciones relacionadas con este derecho, como la prohibición de los cortes de agua en situaciones de pobreza y exclusión social o la garantía universal de un consumo mínimo vital (García-Rubio et al, 2019). Esto implicaría abordar la definición del llamado consumo mínimo vital, en términos tanto cuantitativos como cualitativos, lo que requeriría nuevos diseños de la estructura tarifaria, que variarían en función del tamaño del hogar, circunstancia que en la actualidad ocurre en pocos municipios, como Málaga o Sevilla (García-Rubio et al, 2019).…”

“…Sin embargo, es necesario garantizar a través de medidas de ámbito nacional que estas situaciones no se produzcan subsidiando el pago de los bienes básicos en familias de bajos ingresos o, en su defecto, a través de la generalización de fondos sociales y las tarifas especiales para colectivos de población vulnerable a escala municipal. En este sentido, la administración local supone la última barrera que permite garantizar el derecho humano al agua y contribuir a solventar situaciones de vulnerabilidad social (García-Rubio et al, 2019). Sin embargo, es necesario profundizar en el estudio de la pobreza hídrica para identificar la escala del problema, la efectividad de las soluciones económicas planteadas por parte de ayuntamientos y empresas concesionarias del servicio de abastecimiento de agua potable, y la manera en que deben financiarse estos programas sociales (González-Gómez et al, 2020).…”

“…En este sentido se podría considerar el establecimiento de distintas estructuras tarifarias por áreas inframunicipales, al igual que sucede en Mallorca (Hof et al, 2018), lo que podría armonizar las políticas hídricas con la realidad social y territorial de los municipios con una clara especialización turístico-residencial donde se constatan profundos contrastes en la condición socioeconómica de sus habitantes y en las tipologías de vivienda (García-Rubio et al, 2015). Asimismo, otras características a tener en cuenta ante posibles reformas de las estructuras tarifarias son: el tamaño del hogar, la estacionalidad del consumo o incluso la situación económica de los usuarios del servicio, utilizando indicadores como el valor catastral de la vivienda (García-Valiñas et al, 2010;García-Rubio et al, 2019).…”

“…Por ello, es necesario que, para garantizar la asequibilidad de la factura del agua, se establezcan a nivel local precios más bajos para colectivos vulnerables, principalmente parados de larga duración, jubilados y familias numerosas; se produzca una reestructuración de los bloques de consumo; o se establezcan tarifarias especiales que consideran los ingresos, el tamaño del hogar o el número de niños en estos hogares (González-Gómez et al, 2020). Otro tipo de medidas a implementar pueden ser la creación fondos sociales o ayudas económicas para la subvención total o parcial de la factura del agua mediante prórrogas o fraccionamiento del pago, tarifas planas mínimas, condonación de deudas o las excepciones al corte de suministro por impago en situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social (García-Rubio et al, 2019).…”

“…Sin embargo, esta tendencia no se produjo de manera homogénea a nivel inframunicipial, ya que la reducción del consumo de agua, que fue especialmente intensa en las áreas urbanas de menor nivel socioeconómico, se mantuvo a pesar de la recuperación económica (March & Saurí, 2016). En este contexto, el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de muchos hogares ha propiciado situaciones denominadas de pobreza hídrica, o de falta de un suministro de agua suficiente para satisfacer los usos esenciales, de entre 50 y 100 litros por habitante y día, ante la falta de asequibilidad de la factura de agua (García-Rubio et al, 2019;López-Ruiz et al, 2020;González-Gómez et al, 2020;Del Moral et al, 2020). Diversos estudios en países del mundo desarrollado han analizado esta cuestión tras la crisis económica, identificando problemas de pobreza hídrica en Estados Unidos (Mack & Wrase, 2017), Reino Unido (Bradshaw & Huby, 2013), Bélgica (Vanhille et al 2018), Portugal (Martins et al, 2016), o España (García-Valiñas et al, 2010;March & Saurí, 2016;López-Ruiz et al, 2020;.…”